¿Crisis o solución? Las polémicas de Daniel Quintero avivan la incertidumbre sobre la salud en Colombia

Los recientes acontecimientos en torno a Daniel Quintero Calle, ahora superintendente de Salud, han reavivado el debate nacional sobre la estabilidad y el rumbo del sistema de salud colombiano, que lleva más de tres décadas de construcción. Desde su posesión en el cargo, Quintero se ha mostrado fiel a su característica presencia mediática y controversial, intensificando la discusión pública sobre la gestión de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y señalando a actores particulares, en especial a Sura, como “enemigos” del sistema. Esta postura ha generado alarma y desconfianza en una coyuntura ya marcada por la fragilidad e incertidumbre en el sector.

En una alocución realizada el pasado lunes, tanto Quintero como el presidente Gustavo Petro lanzaron amenazas directas al sector, advirtiendo sobre el posible cierre de EPS e incluso denunciando un supuesto intento de soborno recibido por el funcionario, un hecho que fue prontamente comunicado a la opinión pública y a la Fiscalía General de la Nación. Quintero aprovechó este episodio para presentarse como un abanderado anti-corrupción, pese a que su nombre aparece relacionado en más de 50 imputaciones por supuestos delitos cometidos durante su administración como alcalde de Medellín, según consta en la Fiscalía, incluyendo cargos por peculado por apropiación y prevaricato por acción.

De acuerdo con lo expuesto por Quintero en su cuenta de la red social X, el intento de soborno habría consistido en un ofrecimiento porcentual sobre el pago de facturas por parte de una IPS (Institución Prestadora de Salud) de gran magnitud, hecho que Petro aprovechó para advertir sobre la revocatoria de licencias a las EPS “peores” y el potencial cierre de entidades con altos índices de quejas. Según el presidente, de ejecutarse esta medida las sancionadas dejarían de administrar recursos públicos y no podrían seguir prestando el Plan de Beneficios en Salud, mientras que la atención de millones de usuarios quedaría en el limbo en tanto no se reorganice el servicio.

El caso de Coosalud resulta ejemplar, pues tras su intervención por parte del gobierno en noviembre de 2024, la propia justicia ordenó suspender provisionalmente dicha medida, aduciendo un aumento en las quejas, tutelas e indicadores financieros negativos tras la toma de control estatal. La normativa que respalda eventuales cierres, como el Decreto 780 de 2016, permite la revocatoria de la autorización a EPS por fallas reiteradas en atención, manejo financiero o uso indebido de recursos públicos, lo que genera un ambiente de inestabilidad y obliga a preguntarse por el destino de los usuarios ante una eventual cascada de intervenciones.

La figura de Quintero se ha caracterizado más por sus gestos polémicos y puestas en escena que por resultados concretos, según recordó El Colombiano. Su ascenso en la escena pública ha estado marcado por actos simbólicos, como lanzarse de un puente durante una campaña o protagonizar enfrentamientos verbales y situaciones controvertidas en eventos políticos recientes. Incluso, varios de sus señalamientos más recientes han carecido de un respaldo probatorio sólido, alimentando un clima de espectáculo y escándalo al frente del organismo de control más crucial para el futuro del sistema de salud colombiano.

¿Qué ocurrirá con los usuarios de EPS si estas instituciones pierden su licencia de operación? Esta pregunta se vuelve relevante ante la posibilidad de que varias entidades pierdan su capacidad de funcionar. El traslado masivo de millones de pacientes a otras EPS o al Estado implica retos logísticos y administrativos, dada la ya existente congestión y dificultades para prestar atención adecuada. Además, el propio presidente Petro advierte de un potencial efecto dominó, dado que la mayoría de las EPS presentan algún tipo de dificultad o irregularidad. Ante estas circunstancias, la estabilidad y continuidad en la atención quedan en entredicho, generando preocupación adicional tanto en usuarios como en trabajadores del sector.

¿Qué significa la intervención a una EPS? Intervenir una Entidad Promotora de Salud (EPS) implica que el Gobierno toma control temporal de su administración por problemas financieros, de gestión o cumplimiento de los servicios de salud. Durante este periodo, una entidad estatal supervisa el manejo y busca corregir las fallas detectadas, pero la intervención a menudo genera incertidumbre sobre la continuidad de la atención y la estabilidad de los servicios para los afiliados. La relevancia de entender este proceso radica en que, ante las advertencias de cierres masivos, millones de personas podrían verse directamente afectadas por estas decisiones administrativas.