La trazabilidad de los convenios laborales vinculados al escándalo de presuntos favores sexuales a cambio de contratación estatal durante el mandato del expresidente Gustavo Petro sumó un nuevo capítulo. Una indagación de El Tiempo sacó a la luz la existencia de un sexto trámite contractual a nombre de Deicy Alejandra Jiménez Ramírez en el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), procesado a solo trece días de finalizar el periodo presidencial.
El registro, cargado en la plataforma de la Función Pública el pasado 25 de julio, figura bajo el rol de auxiliar administrativo en la Casa de Nariño. La aparición del documento coincide con las denuncias presentadas ante el Congreso por el actual director del Dapre, Carlos Ríos, sobre la presunta instrumentalización de 48 mujeres mediante contratos de prestación de servicios en esa dependencia, según el periódico.
Consultada sobre este hallazgo, Jiménez negó de manera categórica haber prestado servicios para la sede gubernamental o haber mantenido contacto con las exdirectoras Laura Sarabia o Angie Rodríguez:
“Yo no trabajé allá. Nunca fui a Casa de Nariño. No contraté con el Dapre porque allá estaban todas esas mujeres de las que hablé y ese señor sabía que no me gustaba eso. Si mi nombre aparece en algún papel en el Dapre, entonces usaron mi nombre”, afirmó la joven ante El Tiempo.
A la par con este registro, la Fiscalía General de la Nación rastrea el papel que jugaron supervisores y directivos en la expedición de las certificaciones laborales en otras entidades. En el Ministerio del Interior, los investigadores analizan las actuaciones de Tito Lovo Carretero, director encargado de Seguridad y Convivencia Ciudadana, quien justificó la vinculación de Jiménez argumentando insuficiencia de personal para consolidar informes del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, argumento similar al empleado en la Superintendencia de Vigilancia.
Los folletos y pruebas documentales recopilados, que suman contrataciones previas en el Senado de la República, el Ministerio del Interior y la Supervigilancia por montos superiores a los 100 millones de pesos, formarán parte del material que la Fiscalía y la Comisión de Acusaciones de la Cámara evaluarán en las citaciones programadas para las próximas semanas.