Crisis, bloqueos y polémicas: así cerró el Congreso de Colombia un 2025 marcado por tensiones y reformas clave

El Congreso de Colombia culminó un 2025 especialmente turbulento, caracterizado por enfrentamientos internos, la conmoción tras el asesinato de Miguel Uribe y un ambiente político adverso para la mayoría de las propuestas del Ejecutivo. El único logro significativo para el Gobierno fue la aprobación del Presupuesto de 2026 por un monto de 546,9 billones de pesos colombianos, aunque este éxito resultó algo limitado. Según El Espectador, el monto inicial propuesto era superior en 10 billones, y los partidos políticos accedieron solo bajo la condición de que el Ejecutivo no pudiera decretar el presupuesto pleno.

La situación se agudizó cuando el Gobierno presentó ante el Congreso una propuesta para obtener 16,3 billones adicionales para el mismo presupuesto. Sin embargo, las comisiones económicas rechazaron la solicitud. La falta de una figura que impulsara el debate y la impopularidad de la reforma —que incluía más impuestos en época navideña y previa a elecciones— fueron elementos clave para este revés. Tal como lo destacan los reportes de El Espectador, los legisladores consideraron inviable convencer a las bancadas de asumir el costo político de una nueva carga tributaria en ese contexto.

Dentro del paquete de reformas previstas para la segunda mitad del periodo legislativo figuran la creación de la Jurisdicción Agraria, la institucionalización del Ministerio de la Igualdad, la ley de competencias y la ley de sometimiento. Esta última, que busca establecer diálogos con grupos armados y bandas criminales para avanzar en la política de paz total, es la que enfrenta mayores obstáculos, en parte debido a la reciente escalada violenta que ha puesto en entredicho la viabilidad de la propuesta gubernamental.

Mientras tanto, el Ministerio de la Igualdad y la Jurisdicción Agraria aún permanecen en discusión, aunque enfrentan la fuerte oposición de quienes perciben estas iniciativas como una oportunidad para cobrarle factura al Gobierno por fallos en la ejecución de sus políticas. El ambiente político no ha sido el más propicio para avanzar en estos temas, aunque entre los meses de marzo y junio de 2026 todavía existe una posibilidad remota para retomar los debates legislativos al respecto.

Otro tema relevante corresponde a la ley de competencias, considerada por algunos como una de las transformaciones más profundas al actual Sistema General de Participaciones, el mecanismo por el cual se distribuyen los recursos del Estado en las regiones. Dicha propuesta ingresó muy cerca del cierre de sesiones, y aunque existe consenso sobre la necesidad de mayor presupuesto para las regiones, actores políticos temen que el calendario electoral obstaculice su trámite.

Frente a este panorama de bloqueos, el presidente Gustavo Petro y parte de su equipo han planteado opciones alternas, como una declaratoria de emergencia económica y la convocatoria de una asamblea constituyente, especialmente como respuesta al fracaso en la reforma tributaria. Petro ha señalado que, en caso de no consolidar las reformas pendientes, se buscará recoger firmas ciudadanas y apelar al voto del nuevo Congreso, con la esperanza de responder a lo que denomina intereses del pueblo.

¿Qué implica la ley de sometimiento discutida en el Congreso?

La ley de sometimiento es una propuesta que ha adquirido notoriedad en el legislativo, ya que propone abrir espacios de diálogo con agrupaciones armadas y bandas criminales, enmarcado en la búsqueda de una paz total por parte del Gobierno. Este contexto de iniciativa se torna aún más complejo debido a la reciente escalada de violencia en varias regiones del país, lo que incrementa el escepticismo sobre la factibilidad de la propuesta y su impacto en la seguridad nacional.

El debate sobre la ley de sometimiento involucra no solo consideraciones legales sino también políticas y sociales, ya que la medida enfrenta cuestionamientos tanto del sector oficialista como de la oposición. El escepticismo sobre el alcance y las garantías de dicho proceso sigue siendo uno de los principales retos que deberá abordar el Gobierno en el próximo periodo legislativo.