Ruptura en la UPC: tensiones, denuncias y disputa de poder tras polémica anulación de candidatura a rectoría

El reciente episodio vivido en la Universidad Popular del Cesar puso en evidencia la ruptura interna que atraviesa la institución. La tarde del jueves, una sesión del Tribunal de Garantías Electorales se convirtió en el escenario de una disputa que refleja la lucha de poderes entre diferentes sectores universitarios. Tres integrantes del Tribunal —Carlos Alberto Contreras, Samuel Rojas Olivella y César David Rangel Quintero— solicitaron votar la anulación de la inscripción de Guillermo Echavarría como candidato a la rectoría, argumentando inconsistencias en el cumplimiento de los requisitos. Sin embargo, la decisión no quedó en firme, pues el presidente del Tribunal, Jorge Iván Guerra Fuentes, y el secretario general, Ender Campo Ramírez, afirmaron en un comunicado que la respectiva acta no fue firmada y, por ende, no posee validez legal.

De acuerdo con su declaración citada por EL PILÓN, “una decisión en tal sentido no ha sido puesta en consideración ni sometida a votación por el Tribunal de Garantías Electorales”. La disputa, entonces, trasciende lo administrativo y revela una fractura política y jurídica en el sistema de gobernanza universitaria. Para los tres miembros que buscan la exclusión del candidato, la causa principal radica en que Echavarría no habría demostrado los cinco años de experiencia en educación superior exigidos por el reglamento. Indican que, según las certificaciones, su experiencia —de 49 meses— corresponde a niveles educativos distintos, como la educación para el trabajo y el desarrollo humano, los cuales no cumplen el estándar requerido para asumir la rectoría.

Detrás de esta interpretación sobre los requisitos, se vislumbran los intereses de facciones políticas internas. Los tres consejeros que apoyan la nulidad estarían vinculados a la familia Gnecco, rival vencido en la disputa por la rectoría. Mientras tanto, el presidente y el secretario del Tribunal mantienen afinidad con el exrector Rober Romero. Así, la controversia legal también encierra un enfrentamiento de fuerzas dentro de la universidad.

Tras el intento fallido de anulación, Xavier Estrada, presidente del Consejo Superior Universitario, subrayó en declaraciones a EL PILÓN que los miembros del Tribunal carecen de competencia para deliberar sobre la inscripción de los aspirantes, afirmando que cualquier intervención en ese sentido podría cercarlos a incurrir en prevaricato. Estrada remarcó que el Tribunal es simplemente ejecutor del calendario electoral y no puede invalidar decisiones adoptadas por el Consejo Superior Universitario, aclarando que solo el Consejo de Estado podría revisar un paso de esa naturaleza.

El contexto de la controversia se remonta al 9 de marzo, fecha en la que Guillermo Echavarría fue elegido rector por cinco de los nueve consejeros, en una sesión de apenas ocho minutos. La celeridad del acto y la ausencia de cuatro integrantes —quienes llegaron luego de concluido el proceso— alimentaron inconformidades, generando demandas de nulidad que, a la fecha, mantienen en vilo la gobernabilidad de la institución.

¿Cuáles son las competencias específicas del Tribunal de Garantías Electorales en la Universidad Popular del Cesar?

La pregunta sobre el alcance de las competencias del Tribunal de Garantías Electorales es fundamental para comprender hasta dónde puede intervenir este órgano en los procesos institucionales. Tal como destacaron fuentes institucionales, el Tribunal tiene la misión de ejecutar y vigilar el desarrollo del calendario electoral, pero no el poder de anular decisiones relacionadas con la designación de autoridades universitarias, competencia que recae sobre el Consejo Superior Universitario y, en última instancia, puede ser revisada por el Consejo de Estado colombiano.

Este límite en sus funciones es clave para evitar confusiones al interior de la comunidad universitaria y reducir el riesgo de conflictos legales que puedan entorpecer el normal funcionamiento de la universidad. La claridad sobre estas competencias contribuye a definir las vías legítimas para resolver disputas electorales y mantener la estabilidad en la conducción institucional.