Crisis hospitalaria en Risaralda: riesgo de suspensión de servicios por millonarias deudas de EPS

La red hospitalaria de Risaralda atraviesa una difícil coyuntura debido al millonario atraso en los pagos por parte de tres Entidades Promotoras de Salud (EPS): Nueva EPS, Asmet Salud y Pijao Salud. Según los representantes de las Empresas Sociales del Estado (ESE), la cifra total de la deuda supera los $116 mil millones, un desequilibrio que ha puesto en entredicho la viabilidad financiera de los hospitales de la región y la permanencia de numerosos servicios básicos y especializados.

Olga Lucía Zuluaga, directora ejecutiva de la Asociación de Instituciones de Salud de Risaralda (AIsalud), fue clara al señalar que la ruptura de compromisos por parte de las EPS y la falta de soluciones concretas impulsaron la decisión de establecer como plazo el 16 de enero para recibir pagos. En caso contrario, se suspenderán servicios a los usuarios vinculados con estas entidades, con el argumento de proteger la operación de los hospitales y garantizar el acceso a quienes cuenten con respaldo financiero.

La crisis ya se evidencia en servicios como salud mental y oncología, sobre todo porque hospitales de baja complejidad no disponen de mecanismos para remitir pacientes en estas áreas. Los casos se acumulan: Apía, por ejemplo, registra pacientes que han esperado más de diez días por traslado, evidenciando la ausencia de opciones tanto en instituciones públicas como privadas. De igual forma, la falta de insumos quirúrgicos, consecuencia de proveedores que suspendieron entregas ante el incumplimiento de pago, ha repercutido en la atención de pacientes quirúrgicos.

El deterioro ha llegado al punto en que el 50% de la cartera tiene más de un año sin pagar, y recursos de la baja complejidad se encuentran retenidos al no liquidarse los contratos pendientes. Aunque no se reportan cierres totales, hay un daño financiero severo y el usuario final es quien experimenta el mayor impacto negativo, junto con los trabajadores de la salud.

En el Hospital Universitario San Jorge de Pereira, la situación se agudizó tras la intervención estatal de las EPS, que demoró aún más los desembolsos. Así lo indicó su gerente, Javier Alejandro Gaviria, quien resaltó que de las 560 camas disponibles, unas 200 suelen ser ocupadas por afiliados a la Nueva EPS. Las facturaciones superan los $3.000 millones, pero los pagos han sido insuficientes, comprometiendo el abastecimiento y la estabilidad administrativa.

El problema no es exclusivo del hospital universitario. Instituciones municipales como el Hospital San José de La Celia sufren también la presión: su gerente, Juan Alejandro Monsalve, detalló que la deuda alcanza el 33% de su presupuesto anual, situación que limita gravemente su capacidad de operación. Mientras las urgencias vitales (que corresponden a los niveles triage 1, 2 y 3, es decir, los casos más graves) seguirán atendiéndose, se prevé la suspensión de servicios de consulta externa, imagenología y laboratorios, especialmente en casos relacionados con la Nueva EPS.

La dimensión social de este conflicto es significativa. Se estima que potencialmente más de 400 mil usuarios afiliados a estas EPS en Risaralda podrían resultar afectados por el cese de servicios en caso de no llegar acuerdos. Los gerentes hospitalarios están a la espera de que antes del 15 de enero se atiendan los pagos exigidos para evitar consecuencias aún más graves sobre pacientes, personal sanitario y los propios hospitales.

¿Qué impacto tiene la falta de remisión de pacientes en hospitales de baja complejidad?

La remisión de pacientes es fundamental en el sistema de salud, especialmente para hospitales de baja complejidad que no pueden ofrecer atención especializada, como es el caso de las áreas de salud mental u oncología. Cuando no existen rutas claras para remitir pacientes a instituciones de mayor nivel, estos pacientes quedan retenidos en centros que no cuentan con los recursos ni el talento humano para resolver sus necesidades, prolongando su sufrimiento y complicando su pronóstico.

Tal como indican directivos de la Asociación de Instituciones de Salud y los propios gerentes de hospitales, esta situación afecta el flujo de atención y puede colapsar por saturación las áreas básicas. Los retrasos, y en algunos casos la imposibilidad de traslado, evidencian el riesgo de un desenlace negativo tanto para la salud de los pacientes como para el funcionamiento del sistema hospitalario local. ¿Qué alternativas existen para garantizar la atención de estos casos si persiste la crisis en las EPS?