$35 mil millones en debate: ¿salvarán al Hospital Rosario Pumarejo de López o agravan su crisis?

La reciente citación de la Asamblea Departamental del Cesar al agente interventor del Hospital Rosario Pumarejo de López, Anselmo Hoyos Franco, puso en el centro del debate la sostenibilidad financiera y administrativa de este hospital, considerado el principal centro médico de la región. El eje de la discusión giró en torno a la utilización de $35.342 millones que el Ministerio de Salud transfirió al hospital para cubrir la atención de población migrante, y que, según observaciones del ministro de Salud Guillermo Jaramillo en enero, debían destinarse a la formalización laboral de un importante grupo de empleados, para asegurarles estabilidad laboral dentro de la nómina de la institución.

Frente a los señalamientos del Ministerio, la administración del hospital argumentó que incrementar la planta de personal más allá de las capacidades de facturación del centro podría poner en riesgo su viabilidad económica. Hoyos Franco manifestó durante su intervención que nunca recibió lineamientos ni resoluciones formales ordenando que esos recursos debían ser exclusivamente para formalización laboral; destacó que se trataba de ingresos corriente de libre destinación según los marcos legales vigentes, logrados por la propia facturación del hospital, y que por tanto no podían venir con destinación específica si no mediaba una resolución clara del Ministerio de Salud.

El debate se hizo más complejo tras las intervenciones de los diputados Jesús Suárez Moscote y Miguel Ángel Gutiérrez, quienes cuestionaron la presión desde el nivel central sobre la gestión hospitalaria local. Según Suárez Moscote, no se podían emprender múltiples proyectos costosos que el hospital, en sus condiciones financieras actuales, no podría soportar. Por su parte, Gutiérrez hizo énfasis en que los recursos transferidos no eran un obsequio, sino el pago de una deuda pendiente de obligaciones previas con la institución, y advirtió sobre los riesgos de las decisiones centralizadas que afectan la estabilidad de los hospitales públicos en todo el país.

La secretaria de Salud departamental, Georgina Sánchez, se sumó a las voces que abogan por la precaución financiera. Sánchez insistió en que un proceso acelerado de formalización laboral agravaría la crisis económica del hospital, exponiéndolo a mayores riesgos si sus finanzas no lo respaldan, por lo que consideró prudente ir paso a paso para evitar la creación de pasivos insostenibles.

En respuesta, Anselmo Hoyos Franco planteó una distribución equitativa de los recursos recibidos: $10.000 millones destinados a la segunda fase de formalización laboral y $25.000 millones para el pago de deudas vigentes. Aunque la intervención de la Superintendencia de Salud ha permitido mejoras en la capacidad de prestación de servicios y en los ingresos del hospital, la institución carga con pasivos equivalentes a $107.000 millones. Esta abultada deuda genera preocupación entre los actores locales, quienes consideran que, una vez finalice el proceso de intervención, el hospital corre el riesgo de embargos que afectarían su sostenibilidad operativa y, con ello, su capacidad de seguir atendiendo a la población del Cesar.

¿Qué implica la formalización laboral en hospitales públicos como el Rosario Pumarejo de López?

La formalización laboral hace referencia al paso de empleados con contratos temporales o tercerizados a ser parte de la nómina oficial, con derechos y prestaciones sociales según el régimen del sector público. Este procedimiento suele ser demandado por los trabajadores, pero requiere un soporte financiero sólido para garantizar salarios, prestaciones y estabilidad en el tiempo.

En el caso del Hospital Rosario Pumarejo de López, este proceso ha sido objeto de debate debido al impacto que tendría en la estructura financiera del centro hospitalario. Tanto el Ministerio de Salud como las autoridades departamentales y la administración del hospital coinciden en que, sin estabilidad financiera de base, una formalización masiva representa un riesgo fiscal para la institución y, por extensión, para el sistema de salud local.