Crisis sin fin en la Universidad Nacional: rectoría en disputa y seis directivos investigados por la Procuraduría

La Universidad Nacional de Colombia se encuentra sumida en uno de los periodos más convulsos de su historia reciente a raíz de la controversia en torno a la elección de su rector para el periodo 2024–2027, según reportó El Colombiano. El proceso inició en marzo de 2024 cuando el Consejo Superior Universitario (CSU), el máximo órgano de gobierno interno de la institución, designó a José Ismael Peña como rector. Esta decisión desató un intenso debate público, reforzado por la promesa del presidente Gustavo Petro de que su respaldo institucional recaería en Leopoldo Múnera, quien había sido el ganador de una consulta no vinculante entre estudiantes, profesores y administrativos. Tras la elección de Peña, la ministra de Educación, por instrucción del presidente, se negó a firmar el acta de posesión, lo que llevó a una escalada de protestas y a la sugerencia presidencial de que la rectoría debería decidirse mediante elección directa de la comunidad universitaria.

El conflicto no se resolvió con la posesión de Peña en una notaría de Bogotá. Posteriormente, cambios en la composición del CSU provocaron la anulación del acto administrativo que lo nombró. En consecuencia, se realizó una nueva elección interna que terminó otorgando la rectoría a Leopoldo Múnera. En un contexto altamente politizado, Múnera se comprometió a impulsar una “Constituyente Universitaria”, proceso orientado a modificar tanto la estructura de gobierno como los mecanismos de elección de las autoridades de la universidad.

Sin embargo, la legalidad de estas decisiones fue puesta en tela de juicio. El Consejo de Estado, máxima instancia de la jurisdicción administrativa en Colombia, emitió dos fallos en diferentes momentos: el primero, declarando la validez y ajuste a derecho de la elección de Peña, y el segundo, anulando la designación de Múnera al considerar que no se podían desconocer los actos administrativos ejecutados previamente. Ante la ausencia de instrucciones claras para restituir a Peña, el Ministerio de Educación optó por declarar la vacancia de la rectoría y designar como encargado a Andrés Felipe Mora Cortés, quien fungía como vicerrector general.

A pesar de los fallos claros de las máximas cortes, persiste en la universidad un sector que sostiene que el gobierno de la institución debe responder únicamente a la comunidad universitaria y no a decisiones externas. Esta actitud ha suscitado advertencias sobre las consecuencias legales de desatender las sentencias judiciales, así como el inicio de procesos disciplinarios.

Según confirmó El Colombiano, la Procuraduría General de la Nación adelanta investigaciones contra seis integrantes, actuales y antiguos, del CSU por su papel en la elección de los rectores en 2024. Entre ellos figuran la exministra de Educación Aurora Vergara, el exviceministro Alejandro Álvarez, las representantes presidenciales María Alejandra Rojas y Danna Nataly Garzón, el delegado del Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) Víctor Manuel Moncayo y la exrepresentante estudiantil Laura Quevedo. De estos, Rojas, Garzón y Moncayo permanecen en el CSU, mientras que los demás ya se han retirado por diversas razones.

El proceso disciplinario, iniciado formalmente el 27 de noviembre de 2025 y reunido bajo el número D–2024–3644607, se mantiene bajo reserva. La consejera Rojas confirmó que la investigación indaga las decisiones tomadas por este grupo en las controversiales designaciones rectorales. Adicionalmente, según el profesor Diego Torres, exrepresentante docente, la Fiscalía General de la Nación lleva en paralelo investigaciones penales sobre el mismo tema, en las que algunos directivos incluso han sido citados a declarar. Por su parte, la Red de Veedurías de Colombia añadió que Leopoldo Múnera fue citado antes de su renuncia para responder por denuncias relacionadas con supuestos actos de corrupción administrativa.

La saga de la Universidad Nacional revela la complejidad de los equilibrios entre autonomía universitaria, legalidad y poder político, que continúa generando tensiones aún sin una solución definitiva a la vista. ¿Cuáles serán las repercusiones institucionales y legales para la universidad y los integrantes del CSU investigados si prosperan las acciones disciplinarias y penales en marcha?