Nueva EPS bajo la lupa: el Gobierno extiende intervención y nombra nuevo interventor entre polémicas y deudas

La crisis que atraviesa la Nueva EPS, la entidad con mayor número de afiliados en Colombia, ha sido uno de los focos más críticos del sistema de salud del país. Recientemente, tras la resolución firmada por el gobierno de Gustavo Petro, se ha decidido prorrogar la intervención estatal sobre esta empresa por un año adicional, extendiendo el proceso hasta el siguiente mandato presidencial. Dicha decisión llega en un momento complicado, pues el balance de más de dos años de intervención ha sido altamente cuestionado por el aumento de quejas y casos en los que pacientes han perdido la vida mientras esperaban atención o tratamientos médicos esenciales, según información publicada por El Colombiano.

El documento oficial ordena la toma inmediata de posesión, administración forzosa y control de los bienes y actividades de la Nueva EPS durante un año más. Esta directriz implica, además, que el último interventor, Luis Óscar Galves, debe rendir cuentas detalladas de su gestión, proceso que busca mayor transparencia sobre lo realizado durante su periodo. Luego, el gobierno designó como nuevo interventor a Jorge Iván Ospina, exalcalde de Cali y aliado político del actual mandatario.

Ospina tendrá el desafío de presentar, en un plazo de treinta días a partir de su posesión, un plan de trabajo estratégico que abarque aspectos críticos como la recuperación financiera, la mejora en la red de prestadores de servicios y, en particular, la resolución efectiva de reclamaciones presentadas por los usuarios, especialmente aquellas relacionadas con riesgos vitales. Según la resolución, se exige también una evaluación operativa y detallada de la red de atención, identificando deficiencias y aplicando correctivos para garantizar una atención médica oportuna y de calidad para sus más de 11,5 millones de usuarios.

Además, el documento señala la necesidad de aplicar medidas para la recuperación financiera de la entidad, que enfrenta deudas millonarias y no ha reportado estados financieros actualizados en 2024. También se instruye la adopción de estrategias jurídicas para el recaudo efectivo de dineros pendientes de entes territoriales y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES). Sin embargo, los lineamientos no especifican detalles sobre cómo se logrará dicho recaudo, lo que deja interrogantes sobre la solidez real de las soluciones planteadas.

Un tema que sobresale es la urgencia de reducir el alto número de tutelas presentadas por los usuarios para exigir derechos básicos, dato contundente si se considera que, para marzo, existían más de 120.000 acciones legales sin abrir y más de 518.000 quejas en total durante 2025. En medio de términos técnicos y promesas de estrategias “eficaces”, persiste la incertidumbre sobre si estas medidas realmente significarán un cambio tangible para miles de pacientes y para la sostenibilidad de la entidad, que hoy sigue en el centro de la polémica nacional.

¿Qué significa ADRES y cuál es su relevancia en la recuperación de la Nueva EPS? La ADRES, o Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, es la entidad encargada del manejo financiero de los recursos de la salud en Colombia. Su papel en el proceso de recuperación de la Nueva EPS es fundamental, ya que es responsable de girar los dineros que sustentan la operación de las entidades promotoras de salud y el pago a prestadores de servicios. La resolución que prorroga la intervención señala que uno de los focos prioritarios será el recaudo efectivo de la cartera radicada y conciliada ante organismos como la ADRES, lo que refleja la importancia de su acción para sanear las finanzas y garantizar la sostenibilidad operativa de la Nueva EPS en medio de la crisis actual.