Crisis sin precedentes sacude a la Alianza Verde: apoyos divididos, traiciones y futuro incierto

La Alianza Verde, conocida como la agrupación política de figuras como los exalcaldes de Bogotá Luis Eduardo Garzón, Enrique Peñalosa y Antanas Mockus, además del exalcalde de Medellín Sergio Fajardo, enfrenta actualmente una de sus mayores crisis internas. El 14 de abril de 2026, la dirección del partido anunció públicamente su apoyo a la candidatura de Iván Cepeda, quien ha sido identificado como representante del petrismo y vinculado a los intereses del gobierno nacional. Esta determinación, confirmada y reportada por El Colombiano, ha generado una contundente división al interior de la colectividad.

El sector independiente del partido, encabezado por las congresistas Angélica Lozano y Catherine Juvinao, expresó rápidamente su inconformidad, sumando la voz crítica de la exalcaldesa Claudia López, hoy aspirante presidencial y exmilitante del Verde. López argumentó que la dirección liderada por Carlos Andrés Amaya habría traicionado los principios fundacionales del partido. Declaraciones de López insisten en que la decisión asocia a la colectividad con el clientelismo y la corrupción, señalando así una ruptura definitiva con la visión de Mockus y el origen ético del proyecto político.

La controversia se intensificó al conocerse la resolución que prohíbe expresamente a militantes y congresistas respaldar otras candidaturas presidenciales alternativas, como las de Fajardo y López. Según la senadora Angélica Lozano, el partido está imponiendo una disciplina partidista que niega la pluralidad interna y desconoce a las minorías, lo cual califica como una decisión antidemocrática en sintonía con las tendencias autoritarias que, a su juicio, promueve el presidente Gustavo Petro y su proyecto de Asamblea Constituyente.

Lozano, quien no logró la reelección para el periodo 2026-2030, consideró que la colectividad está expulsando de facto a quienes han defendido los principios originales desde el ingreso de Mockus en 2009, remarcando un sentimiento de final de ciclo. La representante Catherine Juvinao, por su parte, afirmó que ejercerá el mecanismo de objeción de conciencia, buscando así distanciarse de una determinación que, según ella, no representa al electorado de centro de Bogotá.

Juvinao recalcó que el proyecto político defendido por quienes se oponen a la nueva línea partidista no busca apropiarse ni confundirse con el petrismo, sino constituirse como una alternativa institucionalista y apartada de la corrupción. En ese sentido, tanto Lozano como Juvinao sostienen que la resistencia frente a la polarización y los intentos de estrechar el margen de acción política del partido será el camino a seguir, pese al riesgo que representa la radicalización en el contexto nacional.

Los resultados electorales recientes reflejan el momento de vulnerabilidad del partido: en los comicios legislativos anteriores, la Alianza Verde perdió un 2,8% de su votación respecto al año 2022, lo que significó la reducción de su bancada en el Congreso —pasando a tener cinco curules menos, entre Senado y Cámara de Representantes—. Este hecho puede interpretarse como un síntoma de debilitamiento o desconexión con sus bases tradicionales, lo que agrava la discusión interna en torno a los rumbos adoptados.

La crisis actual en la Alianza Verde reabre la conversación sobre los retos de las coaliciones políticas en Colombia y su relación con los dilemas de representación, transparencia y disciplina interna. Queda por verse si quienes han decidido tomar distancia pueden proponer alternativas viables y cómo esto impactará el escenario político nacional.

¿Cuál es el significado de “objeción de conciencia” en el contexto político?

El término “objeción de conciencia”, empleado por la representante Catherine Juvinao al rechazar la decisión de la Alianza Verde, tiene un contexto relevante dentro de las instituciones políticas. Consiste en el derecho que tienen congresistas y militantes a apartarse de decisiones partidarias cuando consideran que estas contradicen sus principios éticos o la voluntad de sus electores. Su invocación aparece en momentos de profundas divisiones internas y refleja la tensión entre la disciplina de partido y la autonomía individual.

En la práctica parlamentaria, la objeción de conciencia puede ser un instrumento para preservar las convicciones personales de los representantes. No obstante, su aplicación está sujeta a debates sobre la lealtad partidaria y la coherencia de los proyectos políticos colectivos, elementos especialmente sensibles cuando se cuestiona la transparencia o legitimidad de las decisiones tomadas en el seno de una organización política.