$800 mil millones en el limbo: Valle y Cali exigen claridad al Gobierno sobre crisis y recursos de salud

Las recientes declaraciones del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en torno a una supuesta inversión de $800 mil millones destinada al sistema de salud del Valle del Cauca, provocaron una reacción decidida y conjunta por parte de los líderes departamentales y municipales. Tanto la Secretaría de Salud del Valle como la administración municipal de Cali y la propia gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, coincidieron en la urgencia de exigir claridad, responsabilidad y una mejor articulación con el Gobierno Nacional sobre el destino y la distribución de los recursos prometidos.

La Secretaria de Salud departamental, María Cristina Lesmes, manifestó de manera enfática su inquietud frente a la falta de información comprobable respecto a los fondos anunciados por el ministro Jaramillo. Según explicó Lesmes, hasta el momento no existe ninguna trazabilidad contable que certifique la llegada de semejante suma de dinero a las arcas del sector salud regional, de acuerdo con registros internos y solicitudes formales hechas al Ministerio de Salud, las cuales siguen sin respuesta.

Lesmes detalló que actualmente solo se tienen identificados dos proyectos concretos financiados por el gobierno central: uno en el municipio de Roldanillo y otro asociado al hospital San Juan de Dios materno infantil. Sin embargo, advirtió que no se ha clarificado qué porcentaje de los supuestos recursos beneficiaría específicamente a Cali, a Buenaventura o al resto de los municipios en el departamento, agregando que aún persisten deudas por concepto de aseguramiento y retrasos graves en los pagos por la atención a población migrante en la región.

Por otro lado, desde la capital del departamento, el secretario de Salud de Cali, Germán Escobar, indicó que la mayor parte de las inversiones destinadas a la construcción de nueva infraestructura hospitalaria han sido financiadas con recursos propios del Distrito. Si bien reconoció que ha existido apoyo nacional en algunos proyectos de modernización, Escobar remarcó que los tres hospitales nuevos anunciados por la Alcaldía dependen exclusivamente del presupuesto local, es decir, de los recursos aportados únicamente por los ciudadanos caleños.

Escobar subrayó que la relación institucional con el Ministerio de Salud se ha mantenido en términos cordiales. No obstante, insistió en que el reconocimiento de las respectivas fuentes de financiación es esencial para evitar confusiones y comprender que tanto los apoyos locales como los nacionales deben funcionar como esfuerzos complementarios y no solapados.

La gobernadora Dilian Francisca Toro, al ser señalada públicamente por el ministro Jaramillo como responsable del fracaso de la reforma a la salud, rechazó tajantemente la acusación. Según aclaró, tal decisión recae plenamente en el Congreso de la República. Además, argumentó que es el Gobierno Nacional el que debe responder por la actual crisis financiera del sistema, así como por las deudas con las Entidades Promotoras de Salud (EPS) intervenidas, recordando que estas dificultades terminan afectando directamente a los pacientes, quienes hoy enfrentan serias barreras para acceder a servicios, déficit en medicamentos y una ocupación crítica en el Hospital Universitario del Valle.

Tanto las autoridades departamentales como municipales y la Gobernación coinciden en demandar mayor transparencia en la asignación de recursos y coordinación efectiva para enfrentar la grave crisis del sistema de salud en el Valle del Cauca. La exigencia fundamental es la necesidad de respuestas concretas y verificables que contribuyan a superar los problemas estructurales del sector.

¿En qué consisten las deudas de aseguramiento y por qué afectan al sistema de salud?

Las deudas asociadas al aseguramiento en salud corresponden a obligaciones pendientes que tiene el Estado o las Entidades Promotoras de Salud (EPS) hacia instituciones, proveedores o directamente con los hospitales, por prestar servicios médicos a la población. En contextos como el del Valle del Cauca, este retraso en los pagos debilita la liquidez financiera del sector, impidiendo el cumplimiento oportuno de compromisos, la adquisición de insumos y el pago al talento humano.

Cuando los recursos de aseguramiento no son girados a tiempo, los hospitales y clínicas enfrentan dificultades para operar normalmente. Esto se traduce en demoras en la atención, falta de medicamentos, imposibilidad de iniciar o culminar proyectos de infraestructura y, en casos críticos, una disminución en la capacidad de respuesta ante emergencias, lo que agrava la situación de salud pública regional y fortalece la percepción de crisis en el sistema sanitario.