¿Quién responde por la salud? Crecen los gastos y el caos mientras pacientes reclaman medicamentos en Colombia

Colombia atraviesa una de las situaciones más complejas en su sistema de salud, al que una reconocida revista médica británica tildó de “destruido”. Las cifras de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) intervenidas por el Gobierno evidencian una realidad crítica: las deudas siguen en aumento, los reclamos formales de los pacientes se han triplicado y, en varias ciudades, cientos de personas se ven obligadas a salir a las calles para exigir la entrega de sus medicamentos. Estas problemáticas emergen mientras la administración nacional toma decisiones que incrementan el gasto público en pleno contexto de crisis.

El detonante del más reciente debate fue el decreto 0121 del 30 de enero de 2026, en el que el Gobierno estableció la creación de 451 nuevos empleos en el sector salud. El congresista Andrés Forero, mediante sus redes sociales, denunció que esta ampliación de la planta representará un gasto anual de 59 mil millones de pesos. La aprobación y firma del decreto contó con el aval del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y del Departamento Administrativo de la Presidencia, algo que llamó la atención por la gravedad de la coyuntura financiera y porque la norma se firmó justo antes de que entraran las restricciones establecidas por la Ley de Garantías para nuevas contrataciones.

El decreto revela también la eliminación de 617 empleos, pero simultáneamente la creación de 1.068 plazas, resultando en un aumento neto de 451 empleos formales. Según el Ejecutivo, estos movimientos son necesarios para fortalecer los procesos internos y la atención en salud, además de promover la formalización laboral mediante criterios de equidad y meritocracia. Sin embargo, la administración no ha dado una justificación clara de por qué suprimieron tantas plazas al mismo tiempo que abren nuevas, ni ofreció información detallada sobre los perfiles o funciones.

Un punto relevante dentro de la estrategia es la apertura para que el 10% de los nuevos cargos en el nivel profesional no exijan experiencia previa, buscando facilitar la entrada a jóvenes entre 18 y 28 años en el sector público. No obstante, no se ha precisado cuáles serán estos puestos ni los requisitos concretos para aplicar a ellos.

Paralelamente, la intervención de EPS como Famisanar también ha estado marcada por escándalos. Forero denunció que desde la llegada de Germán Darío Gallo como interventor, en solo mes y medio se contrataron 75 personas con un costo mensual de 700 millones de pesos. Llamó la atención que, según lo expuesto, bachilleres y técnicas en enfermería aparecen con salarios mensuales desproporcionados, de hasta 28 y 40 millones de pesos respectivamente. El interventor argumentó que los registros no reflejan con precisión los títulos, y que, por ejemplo, el alto salario de un bachiller obedece a una experiencia considerable en el campo.

Estos gastos no se limitan a salarios. Según las investigaciones de EL COLOMBIANO, en Famisanar se celebró una fiesta de fin de año costosa, alcanzando los 119 millones de pesos, mientras pacientes con enfermedades complejas seguían sin recibir sus tratamientos esenciales. Además, trascendió que el 25 de enero del mismo año se trasladaron 16 billones de pesos del presupuesto destinado a salud a otros fines, sin una respuesta del Ministerio respecto a su destino.

Mientras el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, asegura repetidamente que el presupuesto es suficiente, la realidad muestra lo contrario: hay largas filas para reclamar tratamientos, frecuentes escaseces de medicamentos y protestas de pacientes con enfermedades huérfanas sin atención adecuada. Todo esto ocurre bajo la mirada atenta de la opinión pública y la presión de los medios de comunicación como EL COLOMBIANO, que insisten en la necesidad de respuestas concretas sobre el destino de los recursos y la gestión administrativa.

Frente a este panorama, la comunidad demanda transparencia en el uso de los recursos públicos destinados a la salud y una solución de fondo que permita mejorar la prestación de los servicios básicos para millones de usuarios.

¿Por qué existe la Ley de Garantías en Colombia y cómo afecta la contratación pública durante años electorales?

La Ley de Garantías es una regulación colombiana que se activa en los periodos previos a elecciones. Su objetivo es evitar que se manipule el presupuesto público para favorecer intereses políticos o asegurar apoyo electoral mediante la contratación de empleos temporales o la asignación de recursos extraordinarios. La normativa impide que las entidades estatales realicen nuevas contrataciones o acuerdos que puedan influir en las decisiones de los votantes, promoviendo así la integridad y transparencia del proceso democrático.

En el contexto del sistema de salud, la Ley de Garantías cobra particular importancia porque restringe la posibilidad de crear plazas o modificar la planta estatal justo antes de elecciones. Esto garantiza que las decisiones administrativas sean tomadas bajo criterios técnicos y no políticos. Que el decreto para crear nuevos empleos en el sector salud se firmara antes de la entrada en vigencia de estas restricciones ha generado suspicacias y cuestionamientos sobre la motivación real detrás de la medida, especialmente en un entorno financiero tan delicado.