Emergencia en Cesar: el colapso hospitalario pone en jaque la vida de miles ante deudas y cierre de urgencias

La crisis del sistema de salud en el departamento del Cesar, focalizada en Valledupar, representa un punto de quiebre profundo que trasciende la insuficiencia transitoria de recursos e incide de manera directa en la atención a la población, poniendo en peligro la vida de miles de pacientes. Clínicas y hospitales han cerrado sus urgencias y otros servicios clave debido a la deuda acumulada con las Entidades Promotoras de Salud (EPS), la falta de recursos para la atención de la población migrante y el impago a proveedores y personal médico, según lo expuesto por la gobernadora Elvia Milena Sanjuán Dávila durante una mesa de trabajo extraordinaria el 1º de septiembre, con asistencia de autoridades locales y nacionales [original].

Este escenario hace visible una problemática más amplia que afecta al sistema de salud colombiano a nivel nacional, en donde la acumulación de deudas y los errores en la administración y supervisión de las EPS han generado una prestación deficiente del servicio. Esta situación se intensifica en departamentos como Cesar, que además deben responder a una demanda creciente derivada de la migración venezolana. Según datos del Ministerio de Salud, la deuda supera los 35 mil millones de pesos solo en este departamento, una cifra fundamental tanto para la operación continua de hospitales y clínicas como para garantizar la entrega de insumos médicos esenciales y el pago al personal sanitario [original].

Especialistas en salud pública sostienen que la carencia de recursos y la inestabilidad financiera de la red hospitalaria inciden especialmente en la atención primaria y de urgencias, lo que produce un efecto dominó: los pacientes con enfermedades crónicas o emergencias críticas reciben atención tardía o insuficiente, elevando la mortalidad evitable. El Observatorio Nacional de Salud (ONS) alerta que la interrupción de servicios médicos por impagos ha ocasionado un aumento del 15% en la congestión de urgencias hospitalarias en zonas rurales y en ciudades intermedias como Valledupar, así como la ausencia de medicamentos indispensables, en particular para patologías cardiovasculares y afecciones graves (Informe ONS, 2024).

Desde el plano político, la intervención de la gobernadora Sanjuán y de los senadores José Alfredo Gnecco y Didier Lobo señala la presión ejercida sobre el Gobierno nacional para que la Superintendencia Nacional de Salud obligue a las EPS a establecer planes de pago reales y verificables, con eventuales sanciones por incumplimiento. Gnecco propuso la necesidad de una conversación directa e inmediata con el ministro de Salud y la Supersalud para agilizar los pagos y devolver estabilidad a la red hospitalaria (Declaraciones Senado de la República, agosto 2025). Esta articulación institucional resulta crucial para frenar la desarticulación total del sistema en el departamento.

En el sector privado, directivos de clínicas advierten que la crisis se ha transformado en una “bola de nieve”: la ausencia de pagos de las EPS impide cubrir gastos, lo que obliga al cierre temporal de servicios y deteriora la atención. Carlos Humberto Arce, presidente del Grupo Clínica Médicos, describió el impacto humanitario directo, con mayor riesgo de mortalidad debido a la carencia de medicamentos y atención insuficiente (Entrevista El Espectador, septiembre 2025). Martha Socarrás, gerente del Instituto Cardiovascular del Cesar, resaltó cómo la saturación incrementa al no poder atender oportunamente a los pacientes de primera consulta.

En comparación, departamentos como Norte de Santander y La Guajira han afrontado retos similares a través de intervenciones estatales y fondos específicos para población migrante y proveedores, lo que enfatiza la necesidad de una mejor supervisión y gestión, así como de mecanismos de actuación inmediata. Expertos de la Universidad Nacional propusieron la creación de un fondo especial de estabilización para salud en regiones fronterizas como una alternativa para reducir crisis recurrentes y asegurar la prestación del servicio básico ante tensiones financieras (Estudio Universidad Nacional, 2024).

En definitiva, la actual coyuntura de salud en Cesar subraya la urgencia de políticas que incluyan soluciones financieras inmediatas y reformas estructurales. Se requiere aumentar la transparencia en la administración de recursos por parte de las EPS, fortalecer la vigilancia permanente sobre la red pública y privada y ajustar los apoyos estatales a las demandas demográficas actuales, incluyendo el efecto migratorio. La gobernadora Sanjuán remarcó que no se trata de negligencia, sino de una problemática sistémica que exige cooperación entre autoridades para salvaguardar vidas [original].

De este modo, el clamor de autoridades, directivos del sector salud privado y la ciudadanía refuerza la visibilidad de una crisis profunda que requiere respuestas urgentes, integrales y de largo plazo, para que la salud en el departamento del Cesar no se convierta en un privilegio, sino que siga siendo un derecho efectivo.

¿Qué consecuencias tiene el cierre de servicios de urgencias en clínicas y hospitales?

El cierre de servicios de urgencias, tal como se ha documentado en clínicas y hospitales del Cesar, desencadena graves consecuencias no solo sobre los pacientes que necesitan atención inmediata, sino también en la red general de prestación de salud. La saturación de los pocos puntos que permanecen abiertos provoca demoras en la atención de emergencias, exponiendo a los pacientes a desenlaces adversos y, en casos extremos, a la muerte. Los informes del Observatorio Nacional de Salud advierten que incluso las patologías tratables se agravan debido a la falta de acceso oportuna a cuidados médicos.

Al interrumpirse estos servicios fundamentales, también se repercute negativamente sobre la atención primaria y la prevención de enfermedades, pues los usuarios que deberían resolver sus problemas de salud en etapas tempranas se ven forzados a acudir a urgencias, agudizando la congestión hospitalaria. Esto genera un círculo vicioso de desatención y sobrecarga que debilita todo el sistema sanitario en las regiones más vulnerables.

¿Qué es una Entidad Promotora de Salud (EPS) y cuál es su función en el sistema de salud?

Una Entidad Promotora de Salud, EPS, es el organismo encargado de afiliar, recaudar los aportes y garantizar la prestación de servicios de salud a la población asegurada en Colombia. Su función principal es administrar los recursos del sistema de seguridad social en salud, contratando con clínicas, hospitales y otros prestadores.

En la crisis actual del Cesar, el rol de las EPS ha sido especialmente cuestionado por sus retrasos en el cumplimiento de pagos, lo que afecta directamente la operación y calidad en la atención de la red hospitalaria. Cuando fallan en sus obligaciones financieras, como ocurre en el contexto descrito, se produce el cierre de servicios, impagos a empleados y proveedores y un efecto dominó que compromete la atención médica a los ciudadanos.