Crisis en Chocó: comunidad indígena retiene a 18 soldados y reaviva debate sobre seguridad en Colombia

La crisis de seguridad en Colombia ha vuelto a estar en el centro de atención tras el reciente secuestro de 18 miembros del Ejército Nacional en el municipio de Carmen de Atrato, departamento de Chocó. Según información oficial de las autoridades militares, confirmada por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, los hechos ocurrieron durante una operación contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN), una de las principales organizaciones armadas ilegales presentes en la región. El secuestro se presentó cuando los uniformados, entre ellos dos suboficiales y 16 soldados, fueron interceptados por cerca de 200 integrantes de una comunidad indígena local, quienes procedieron a desarmarlos.

Posteriormente, los militares fueron conducidos a un resguardo indígena donde se les confinó en una escuela rural. Esta acción impidió que los soldados continuaran con su labor fundamental de protección a la población civil y defensa de la institucionalidad. El Ejército Nacional, a través de un comunicado, rechazó de forma enfática la retención de sus efectivos, recordando que este acto constituye una conducta sancionada por la ley colombiana. En consecuencia, la institución hizo un llamado urgente a autoridades, organismos de derechos humanos y actores comunitarios para que intervengan y garanticen tanto la integridad de los retenidos como su pronta liberación.

El ministro Sánchez indicó que la acción delictiva estaría relacionada con el accionar del ELN y subrayó que las operaciones militares tenían como propósito prevenir amenazas contra las comunidades indígenas, como el reclutamiento forzado, desplazamiento y otras expresiones de violencia armada. En sus palabras, impedir la labor de la Fuerza Pública fortalece la ilegalidad y pone en una situación aún más vulnerable a quienes deberían ser protegidos por el Estado.

Mientras tanto, en el suroccidente del país se reportó otro grave incidente de orden público. En la localidad de Suárez, norte del Cauca, una disidencia de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) protagonizó un ataque contra la estación de Policía local. La operación se produjo durante la realización de un partido de fútbol que congregaba a numerosos habitantes en las inmediaciones del lugar. La Tercera División del Ejército señaló a la columna Jaime Martínez, perteneciente al Estado Mayor Central (EMC), como responsable del ataque y destacó la reacción oportuna de la Brigada 29, la cual impidió que la situación causara víctimas.

A pesar del compromiso anunciado por el EMC respecto a un cese de acciones ofensivas durante las festividades de fin de año –implementación que debería tener lugar entre el 23 de diciembre de 2025 y el 7 de enero de 2026–, los hechos recientes ponen en duda el alcance real de dichas promesas. Según Iris Marín, defensora del Pueblo, los anuncios sobre treguas pasadas no han sido efectivos para frenar los episodios de violencia ni para impedir nuevas afectaciones a las comunidades civiles. Ante este panorama, las instituciones colombianas han reiterado que la protección de la vida y la restauración del orden en las zonas vulnerables siguen siendo prioritarias en el manejo del conflicto armado interno.

¿Qué consecuencias legales pueden enfrentar quienes participan en la retención de miembros del Ejército Nacional?

La retención o secuestro de personal militar representa una grave violación de la legislación colombiana, conforme lo expuesto por el propio Ejército Nacional. Este tipo de acciones está expresamente prohibido y puede acarrear sanciones judiciales para las personas involucradas, ya sean individuos, líderes comunitarios o miembros de grupos armados ilegales.

La relevancia de esta cuestión radica en la necesidad de diferenciar entre la protesta social y la comisión de delitos, así como en la importancia de garantizar que las comunidades indígenas y otras poblaciones vulnerables cuenten con mecanismos legales adecuados para manifestar sus reclamos sin incurrir en conductas punibles. Este debate cobra vigencia en contextos donde las tensiones entre Fuerza Pública y sectores sociales alcanzan niveles críticos.