Tragedia en Silvania: dos muertos tras creciente súbita mientras Cundinamarca refuerza alerta por lluvias

Un trágico suceso cobró la vida de dos integrantes de una familia en Silvania, Cundinamarca, después de que una creciente súbita arrastrara el vehículo en el que se desplazaban. Este incidente, reportado por El Espectador, se inscribe en el marco de una preocupante temporada de lluvias que afecta actualmente al departamento, dejando a su paso episodios de devastación y consternación. El evento no solo evidencia la vulnerabilidad de las comunidades frente a fenómenos climáticos extremos, sino que también subraya la urgencia de iniciativas concretas para mitigar los riesgos asociados.

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), consciente de la gravedad de la situación, implementó recientemente un plan de apoyo dirigido a los alcaldes y equipos de gestión del riesgo de los 104 municipios bajo su área de influencia —98 en Cundinamarca y seis en Boyacá—, así como en las zonas rurales de Bogotá. Esta estrategia tiene como objetivo anticipar desastres potenciales como inundaciones, deslizamientos y crecientes súbitas, eventos que podrían verse intensificados por las precipitaciones superiores a lo habitual que ya ha pronosticado el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM).

La directora encargada de la CAR, Nidia Clemencia Riaño, dispensó instrucciones precisas a las 14 direcciones regionales de la entidad para robustecer la presencia institucional en el territorio y brindar acompañamiento durante todas las etapas del manejo del riesgo: desde el monitoreo y la prevención, hasta la mitigación, preparación y respuesta inmediata ante emergencias. Según la CAR, la consigna es participar de manera activa en cada junta, consejo y comité donde se definan acciones relacionadas con la seguridad de la población frente a los eventos climáticos.

De manera adicional, el Gobierno Nacional prorrogó el estado de desastre nacional a través del Decreto 1193 de 2025, reconociendo así la magnitud de los daños vinculados a la variabilidad climática que ha golpeado a Colombia desde 2024. Este respaldo jurídico permite fortalecer las acciones de los entes territoriales y facilita la gestión de recursos para reducir el impacto de las lluvias extremas y otros desastres asociados.

La CAR ha hecho un llamado a los municipios para que activen sistemas comunitarios de alerta temprana, refuercen los controles urbanísticos en zonas vulnerables y promuevan campañas para desalentar comportamientos peligrosos, como el vertimiento de escombros en ríos y quebradas. Tanto a las empresas de servicios públicos como a la ciudadanía se les recomienda acelerar el mantenimiento de vías rurales, desagües y canalizaciones, reforzar techos y revisar las redes de alcantarillado, evitando acciones que agraven eventuales emergencias durante la temporada de lluvias.

De acuerdo con el IDEAM, las precipitaciones persistirán durante el mes de diciembre y se mantendrán por encima de los niveles históricos en las regiones Andina, Pacífica, Insular y Caribe. Por esta razón, la CAR insiste en la corresponsabilidad en la gestión del riesgo: aunque la entidad técnica acompaña y asesora, la capacidad real de respuesta recae sobre alcaldías y gobernaciones, cuyas decisiones serán decisivas para salvaguardar a las comunidades.

¿Qué implica la declaración de estado de desastre nacional?

La reciente prórroga del estado de desastre nacional por medio del Decreto 1193 de 2025 establece un marco de acción y respaldo jurídico para que las autoridades puedan coordinar esfuerzos y recursos orientados a la atención de emergencias climáticas. Esta figura legal reconoce la gravedad de los impactos que la variabilidad climática ha tenido en el país desde el año 2024 y permite a las entidades territoriales acceder a fondos, implementar medidas extraordinarias y priorizar la salvaguarda de vidas, infraestructura y bienes públicos.

Contar con el estado de desastre nacional vigente significa que las administraciones locales y regionales pueden actuar con mayor flexibilidad normativa y acceder de manera ágil a ayudas técnicas, recursos económicos y asistencia interinstitucional. Así, se fortalece la capacidad de respuesta ante fenómenos como las lluvias extremas, los deslizamientos y las inundaciones, facilitando una gestión más eficiente del riesgo y la atención adecuada a las poblaciones afectadas.