Asentamientos informales se duplican en Pereira: cientos viven en riesgo y crece el debate político

El crecimiento de los asentamientos informales en Pereira ha evidenciado un cambio drástico en la dinámica urbana durante los últimos diez años. De acuerdo con un informe difundido por El Diario del Otún, en 2016 existían 48 invasiones registradas, mientras que actualmente la cifra se duplicó con creces, alcanzando los 108 asentamientos identificados en distintos puntos de la ciudad. Estas construcciones, muchas de ellas hechas con materiales poco resistentes, se levantan en terrenos que pertenecen tanto al municipio como a entidades públicas o propietarios privados. De manera alarmante, algunas de estas viviendas también se desarrollan en zonas clasificadas como áreas de riesgo no mitigable, lo que pone en peligro la integridad de sus habitantes.

A pesar de que no existe una cifra oficial sobre la población que ocupa estos asentamientos, el reporte subraya que es una población fluctuante, que crece constantemente y que se encuentra distribuida por todo el municipio. La incapacidad para determinar un conteo exacto de residentes dificulta la elaboración de políticas públicas y complica el diseño de respuestas integrales.

La magnitud del problema condujo a la realización de un debate en el Concejo de Pereira, donde las autoridades locales analizaron las causas subyacentes y los desafíos asociados al fenómeno. El secretario de Gobierno de Pereira, Jorge Mario Trejos, explicó a El Diario del Otún que este fenómeno obedece a varias causas de nivel nacional como la migración y el desplazamiento interno. Señaló que los migrantes venezolanos y las víctimas del conflicto armado han llegado a representar más del 10% de la población local, con más de 30,000 venezolanos y 43,000 víctimas del conflicto instalados en Pereira. Además, alertó sobre el accionar de los conocidos como "tierreros", que venden ilegalmente terrenos ajenos, agravando la problemática.

Por otro lado, el director de Control Físico, Juan Manuel Ocampo, hizo énfasis en la dificultad legal para enfrentar las invasiones. Resaltó la existencia de vacíos jurídicos en Colombia, como restricciones para realizar desalojos nocturnos y obstáculos adicionales cuando hay menores de edad en los predios ocupados. Esta ambigüedad normativa se suma a la falta de recursos económicos y humanos, necesaria tanto para la identificación de asentamientos como para la construcción de vivienda digna.

Durante el debate en el Concejo, también se señaló la deficiencia de articulación institucional y la escasez de presupuesto, lo que limita las acciones frente a este fenómeno. Entre las propuestas se contempló la transformación de la Dirección de Control Físico en una secretaría independiente, aunque esta idea aún no se ha materializado, pese a discutirla desde hace años. Asimismo, desde las inspecciones de Convivencia y Paz, antes llamadas inspecciones de Policía, manifestaron que con la entrada en vigencia del Código de Policía (Ley 1801), asumieron nuevas funciones pero sin recibir más personal ni recursos para hacerles frente.

Según El Diario, el aumento de viviendas informales no se limita a Pereira: otros municipios como Armenia, Ibagué y Bucaramanga revelan cifras aún más altas de asentamientos ilegales, poniendo de manifiesto una problemática nacional que requiere soluciones estructurales.

¿Qué riesgos implica vivir en zonas clasificadas como “de riesgo no mitigable”?

Vivir en zonas de riesgo no mitigable significa habitar áreas donde los peligros asociados a deslizamientos de tierra, inundaciones, o situaciones similares no pueden ser mitigados ni gestionados eficientemente por medidas de ingeniería o acciones estatales. En el contexto expuesto por las autoridades de Pereira, muchas viviendas informales se ubican precisamente en estos lugares por falta de opciones habitacionales, lo que incrementa la vulnerabilidad de sus ocupantes.

Este fenómeno adquiere especial relevancia social porque impide la garantía efectiva de derechos fundamentales como la vivienda digna y la seguridad de la vida. Al no contar con condiciones mínimas de infraestructura ni acceso a servicios básicos, las familias residentes en tales zonas suelen enfrentar el desalojo o situaciones de emergencia, convirtiéndose en una preocupación central para las administraciones locales y nacionales.