Fallo para empoderar a reclamantes de tierras no tendría en cuenta los casos más complejos

La Corte Suprema estableció que para anular compraventas de tierras, las víctimas deben demostrar que lo hicieron bajo amenazas de violencia física o moral.

De esta forma, los desplazados que se vieron “obligados a hacer un contrato de compraventa de tierras, les será posible anularlo si demuestran que existen ‘vicios de consentimiento’ o amenazas”, informó Blu Radio.

La Corte falló con base en una serie de casos de despojo ocurridos en Trinidad, Casanare, desde los años 80 hasta entrados los 2000, en los que las Farc y luego las Convivir y las Autodefensas comenzaron a cobrar vacunas a los ganaderos y campesinos, detalla la emisora.

Los paramilitares también los obligaban a entregar sus predios “bajo amenazas y violencia”, ya sea que los vendieran por precios mucho menores a los reales o simplemente los tuvieran que traspasar siendo coaccionados, agregó ese medio.

El fallo sirve de pauta para que muchas víctimas puedan acceder al proceso de restitución, pues tendrán que concentrarse en comprobar que vendieron bajo amenazas.

No obstante, y más allá de que esto último tampoco sería tan fácil de evidenciar en algunos casos, el fallo estaría desconociendo otro tipo de situaciones mucho más complejas.

Así se evidencia en otro aparte del fallo que, de acuerdo con CM&, establece que “si un grupo ilegal despojó de las tierras al actor y un tercero convirtió tal circunstancia en una compraventa, pero sin ejercer presión o fuerza indebida, no se puede decir que el predio fue vendido bajo intimidación”.

Ese noticiero habla del caso de una persona que decidió vender su predio al mejor postor después de que paramilitares le exigieran dinero para permanecer en el lugar con su familia. En este particular, como otros tan complejos como numerosos y nebulosos, la violencia pasaría a ser un factor secundario, según el razonamiento plasmado en la sentencia:

“En el proceso no se demostró que el consentimiento del actor en la venta demandada fuera producto de una fuerza moral o física ejercida en contra suya con el propósito de presionar la negociación cuestionada”

Pese a la buena intención de la Corte, esto último dejaría en vilo a muchas víctimas que tuvieron que dejar sus predios y estos fueron apropiados mediante supuestas transacciones legales, o los vendieron voluntariamente a los llamados compradores de buena fe en su afán de huir del agobio de la violencia.