¿Crisis en la salud? Corte Constitucional exige cuentas al Gobierno Petro sobre financiamiento de la UPC

La Corte Constitucional de Colombia convocó a una mesa técnica destinada a revisar si el Ministerio de Salud ha cumplido con las instrucciones dadas respecto al cálculo de la unidad de pago por capitación (UPC). Esta prima resulta fundamental, pues designa el monto que el Estado transfiere a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) por cada persona afiliada, a fin de garantizar el acceso a los servicios médicos requeridos. El anuncio, comunicado oficialmente la semana pasada, dejó claro que uno de los propósitos principales de la mesa es robustecer, mediante aportes especializados, el análisis metodológico que respalda la determinación de la UPC, un aspecto medular para la sostenibilidad del sistema de salud.

De acuerdo con información divulgada por el tribunal, los elementos técnicos y académicos que emerjan de este espacio serán claves para tomar una decisión respecto al proceso incidental de desacato actualmente en curso. La Sala Especial de Seguimiento fue la encargada de esta resolución, en seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008. Este fallo ya había puesto en evidencia deficiencias estructurales en el sistema de salud colombiano, tales como la negación de servicios sin justificación válida, desigualdad en los beneficios ofrecidos, zonas grises frente a prestaciones no incluidas, problemas en los reembolsos y, en general, falta de información clara y accesible para los ciudadanos.

En virtud de esta sentencia, la Corte exigió que el Ministerio de Salud ajustara la UPC antes del año 2026, conforme a parámetros muy específicos definidos judicialmente. Sin embargo, en el auto que dio origen al incidente de desacato, la Corte concluyó que aún persiste un incumplimiento significativo, especialmente en lo que respecta a la suficiencia de la prima asignada. En ese sentido, el informe del tribunal subraya que el Gobierno encabezado por Gustavo Petro no ha presentado pruebas técnicas actualizadas que demuestren que los recursos asignados realmente cubren la totalidad de las obligaciones del sistema de salud.

La alta corporación reforzó que el método para determinar la UPC no debe basarse únicamente en la inflación o en consideraciones administrativas internas, sino en un estudio integral de costos que contemple todas las variables reales del sector. Por ese motivo, el Ministerio de Salud quedó obligado a desarrollar una investigación más completa, en línea con las exigencias precedentes.

La mesa técnica, cuya realización está prevista para el 13 de abril de 2026, contará con la presencia del Ministerio de Salud, organismos de control, representantes gremiales, autoridades del sector y entidades académicas. Todos estos actores están convocados por la Corte Constitucional con el objetivo de aportar diversas perspectivas y fortalecer la transparencia y solidez técnica en torno al debate sobre la financiación del sector salud.

El ajuste de la UPC es una obligación anual que debe completarse antes del cierre del año. Para este fin, el Ministerio utiliza estudios de suficiencia basados en información histórica: patrones de uso de los servicios, tipos de atención y costos reportados por las aseguradoras. Además, se proyectan variables como inflación, demanda estimada y la tendencia de los precios de los servicios. Esta precisión es crucial, pues si el valor de la UPC fuese insuficiente, se generarían presiones indeseadas, tales como priorización de atenciones y demoras en otras áreas, lo que deriva en barreras de acceso a la salud y un deterioro progresivo del sistema.

¿Qué es un incidente de desacato y por qué es relevante para este proceso?

Un incidente de desacato, en el contexto judicial colombiano, es un mecanismo que permite exigir el cumplimiento de una sentencia previa cuando una entidad o persona, pese a haber sido notificada, no ha demostrado un acatamiento suficiente de lo ordenado por la Corte. En este caso, la Corte Constitucional instruyó al Ministerio de Salud para ajustar el cálculo de la UPC y, al no evidenciar avances suficientes, abrió el incidente como instrumento de control.

La relevancia de este procedimiento radica en que asegura mecanismos legales para hacer efectivas las órdenes respecto al funcionamiento del sistema de salud. Sin el incidente de desacato, podrían perpetuarse prácticas que afectan la financiación y calidad de los servicios médicos a los que la población tiene derecho, un asunto central para la garantía del derecho a la salud en Colombia.