Juez dicta medida de aseguramiento a nueve integrantes de Aremca por presunta corrupción en contratos con recursos públicos en Colombia

Un juez de control de garantías de Bogotá dictó medida de aseguramiento en centro carcelario para nueve presuntos miembros de la Asociación de Municipios del Caribe, conocida como Aremca, por su supuesta participación en uno de los más importantes entramados de corrupción que afecta gravemente los recursos públicos del país, en especial los dineros del Sistema General de Regalías. La suma relacionada en el caso alcanza los COP 496.000 millones, según la información difundida por El Espectador.

Dentro de los procesados se encuentran figuras principales de Aremca, como Gustavo Bolaño Pastrana, exrepresentante legal; Emilia María Álvarez Guerrero y Dayana Ramos Guerrero, quienes también fungieron como representantes legales; junto a coordinadores de diversas áreas: Andrés David Sáez Miranda, Javier Antonio Ramírez Manzola, Liliana Urán Germán, Rafael Antonio Flórez Franco y Fredy Francisco Borelly Salazar. Además, Luis Alfredo Soto Caraballo está señalado como posible intermediario con terceros vinculados.

Según la Fiscalía, entre 2020 y 2026, Aremca suscribió 101 contratos con diferentes gobernaciones y alcaldías para ejecutar obras civiles y proyectos relacionados con el sector agrícola, el medio ambiente, tecnología y seguridad alimentaria. Sin embargo, la investigación indica que tales recursos públicos habrían sido desviados utilizando mecanismos de subcontratación con empresas fachada y firmas de papel, muchas de ellas dirigidas por personas vinculadas directamente a la organización, lo cual contraviene las normativas de contratación pública colombiana.

El ente acusador imputó múltiples delitos: contrato sin cumplimiento de requisitos legales, prevaricato por acción, prevaricato por omisión, enriquecimiento ilícito de particulares, peculado por apropiación y concierto para delinquir agravado, de acuerdo con los reportes judiciales existentes. También se identificó la utilización de manuales internos inapropiados, falta de estudios previos y direccionamiento de contratistas a través de listas cerradas de proveedores. Además, hubo vinculaciones mediante prestación de servicios que cubrían desde obras hasta el alquiler de maquinaria.

A pesar de que los estatutos de Aremca limitaban sus actividades a la región Caribe, se detectó la ejecución de contratos en otras regiones como Arauca, Cauca, Caquetá, Caldas, Casanare, Cundinamarca, Chocó, Norte de Santander y Santander. Asimismo, la Fiscalía señaló que, sólo en 23 contratos, el enriquecimiento ilícito habría alcanzado COP 14.235 millones a favor de los contratistas involucrados.

El ente acusador también investiga la apropiación indebida de recursos mediante anticipos contractuales, la omisión en el recaudo de COP 6.913 millones en impuestos, además de no haber hecho retenciones por COP 14.000 millones, correspondientes a la contribución obligatoria al Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon).

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es la Asociación de Municipios del Caribe (Aremca) y cuál es su función?

Aremca, de acuerdo con información judicial publicada por El Espectador, es una entidad que agrupa municipios de la región Caribe de Colombia y cuya función principal es la gestión de proyectos y la contratación de obras en nombre de estos municipios. Sin embargo, su accionar fue limitado estatutariamente a la región Caribe, aunque en este caso particular fueron identificados contratos en varias otras regiones del país.

¿En qué consisten los delitos imputados a los presuntos integrantes de Aremca?

La Fiscalía les imputó delitos como contrato sin cumplimiento de requisitos legales, prevaricato por acción y omisión, enriquecimiento ilícito de particulares, peculado por apropiación y concierto para delinquir agravado. Estos cargos están relacionados con la adjudicación amañada de contratos, desvío de fondos públicos y manejo irregular de recursos provenientes del Sistema General de Regalías, según los documentos de las autoridades citados en El Espectador.