Alcaldes en cuatro departamentos involucrados en robo del dinero para el posconflicto

Así lo reveló el Fiscal Néstor Humberto Martínez al explicar cómo se descubrió “una cofradía para apropiarse” de esos recursos, liderada por Marlon Marín, el sobrino de ‘Iván Márquez’ que entregará a la justicia detalles sobre los actos de corrupción.

Según el jefe del ente investigador, algunos mandatarios de zonas afectadas por el conflicto en Antioquia, Boyacá, Nariño y Casanare tuvieron contacto con el grupo de “12 intermediarios” que tenían diferentes modalidades para quedarse con el dinero del Fondo para la Paz.

Martínez dijo que hay alcaldes en otros dos departamentos, que no mencionó, pero que todos ellos “actuaban en colusión, en contumacia, con algunas entidades del sector central que también están identificados y que tenían varias modalidades para apropiarse de los recursos públicos”.

Durante el debate de control político a estos recursos, que se llevó a cabo en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, Martínez afirmó que Marín y sus cómplices alardeaban de cobrar un porcentaje menor al que habitualmente cobran otros funcionarios corruptos para recibir coimas:

“En las intervenciones que tiene la Fiscalía el señor Marlon Marín dice que él cobraba para su familia el 5 % de los proyectos productivos y de los proyectos de inversión que se hayan de hacer; y no el 12, 13 o 14 % como es propio de los políticos tradicionales”.

El Fiscal afirmó que Marín se ofreció a colaborar desde Estados Unidos “para aclarar todo ese entramado de corrupción” y ayudó a descifrar cómo operaba esta nueva estructura criminal.

Según Martínez, se identificaron contratos para obras de vías terciarias y proyectos productivos, destinados a beneficiar a las regiones afectadas por el conflicto y a los exguerrilleros que adelantan su proceso de reincorporación.

Marín obtuvo información de esas obras y proyectos que se ejecutarían en 19 departamentos del país e “hizo entregas de recursos a varios funcionarios en los siguientes departamentos: Antioquia, Arauca, Bolívar, Boyacá, Caquetá Córdoba, entre otros”, aseguró Martínez.

Las irregularidades se facilitaban para los mandatarios locales porque “eran los únicos que tenían la posibilidad de postular proyectos” para sus municipios. “Este entramado de intermediarios se encargaba de conseguir qué proyectos podrían ser, elaborarlos, presentarlos ante la autoridad y conseguir el aval de los alcaldes para que unos contratistas, que eran los que fungían como ejecutores de las obras, pagaran unas coimas”, explicó Martínez, citado por El Tiempo.

Adicionalmente, la Fiscalía conoció trámites en la Agencia de Desarrollo Rural “en la que los intermediarios tenían por objeto que se reformularan los proyectos de acuerdo con la tecnología y con los requisitos que exigía la agencia, esto sería cobrado a un 11% del proyecto. ‘Se tienen identificados seis contratos donde funcionarios habrían recibido recursos y hubo pagos de varios millones de pesos’, agregó el fiscal”, indicó El Espectador.

Martínez aseguró que esta información la recolectaron desde enero de 2017 y tienen registros de 80.000 registros telefónicos, inspecciones, allanamientos, interrogatorios, testimonios y seguimientos judiciales.

Sin embargo, el funcionario también indicó que pese a que se logró firmar varios acuerdos bajo estas prácticas de corrupción, gran parte de la contratación de los recursos de la paz no fue afectada por los corruptos y que “sería un crimen de lesa humanidad” que el dinero para los desmovilizados y los proyectos productivos terminara “en bolsillos privados”.

Martínez puntualizó: “Con base en información incontrastable y gracias a la cooperación del señor Marín, cuya última diligencia se hará en la primera semana de mayo desde Estados Unidos, podemos tener la información para empezar a hacer la imputación de carácter personal y responsabilidades penales para cada uno de los implicados, en lo que de lejos habría sido un caso de corrupción que no se reeditaría en los próximos siglos en Colombia”.

“Proteger judicialmente los dineros del #posconflicto es una manera de blindar el acuerdo de paz”: Fiscal General pic.twitter.com/brxBmzXeZn

— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) 2 de mayo de 2018