Corralejas en Antioquia: entre tradición y tragedia, autoridades refuerzan controles tras nuevos incidentes

En diferentes municipios del departamento de Antioquia, las corralejas se mantienen como una práctica tradicional durante las celebraciones de fin de año y los primeros días del nuevo ciclo. Pese a su valor cultural en zonas como Caucasia, El Bagre, Arboletes, Necoclí, Nechí y San Pedro de Urabá, en el Bajo Cauca y el Urabá antioqueño, estos eventos se han convertido en motivo de preocupación debido a los riesgos tanto para los participantes como para los animales involucrados. Un ejemplo claro ocurrió recientemente en Caucasia, donde una riña en medio de la festividad dejó un saldo de 15 personas lesionadas, lo que llevó a que las autoridades reforzaran los llamados a la prevención.

La Gobernación de Antioquia, a través de la Gerencia de Bienestar Animal, ha recordado las restricciones vigentes que buscan disminuir la probabilidad de episodios violentos y el maltrato animal en el marco de estos encuentros. Según la información difundida, no sólo se trata de una costumbre que atraviesa generaciones, sino de un escenario de alto riesgo donde, de acuerdo con las cifras oficiales, a finales de 2024 en Caucasia resultaron heridas de gravedad 27 personas y fallecieron siete caballos. Estos datos resaltan la urgencia de aplicar estrictamente las exigencias normativas para resguardar la vida y la seguridad de quienes asisten y de los animales involucrados.

Para contrarrestar la gravedad de estos sucesos y prevenir que se repitan o agraven, la Gerencia de Bienestar Animal ha enfatizado la prohibición de ingreso a las corralejas a personas en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias psicoactivas. Asimismo, la normativa excluye la participación de menores de 14 años y el uso de cualquier elemento que pueda infligir dolor, heridas o muerte a los animales. Estas disposiciones forman parte de un marco más amplio de vigilancia y control, diseñado para que tanto el espectáculo como la tradición se desarrollen bajo parámetros de seguridad y respeto.

Adicionalmente, las autoridades exigen la presencia constante, durante la totalidad del evento, de profesionales médicos y veterinarios, así como el equipamiento con ambulancias y la obligatoriedad de seguros en caso de accidente y responsabilidad civil. Según puntualizó Dionisia Yusti Rivas, gerente de Protección y Bienestar Animal de Antioquia, toda actividad que involucre animales debe estar regulada por la Secretaría de Gobierno local y cumplir con controles específicos que protejan no solo a los animales sino también a los asistentes.

Las municipalidades que autorizan estos eventos deben presentar y aprobar planes de emergencia y contingencia ante los consejos municipales de gestión del riesgo. Esto implica anticipar y poder responder adecuadamente a incidentes recurrentes durante las corralejas, tales como incendios, colapsos de estructuras, estampidas o intoxicaciones. Así mismo, se exige la activación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) durante el desarrollo del evento, conformado por autoridades municipales y departamentales, para garantizar una respuesta rápida frente a cualquier eventualidad.

Frente a incumplimientos de la reglamentación, la Gobernación de Antioquia ha advertido que las alcaldías locales procederán con la suspensión inmediata y definitiva del evento, reafirmando el compromiso institucional por salvaguardar la integridad de los participantes y animales.

¿Cuáles son las consecuencias legales para los municipios que permiten corralejas sin cumplir la normativa?

El control de las condiciones en las que se celebran las corralejas es una prioridad para las autoridades departamentales, teniendo en cuenta la recurrencia de incidentes graves. Cuando los municipios no exigen o no vigilan el cumplimiento de los requisitos —como planes de contingencia, seguros y presencia médica— se exponen a sanciones administrativas rigurosas.

La medida más drástica que pueden imponer las autoridades es la suspensión inmediata y definitiva del evento. Esta acción no solo frena la realización de la actividad, sino que expone a los responsables municipales a investigaciones por omisión en sus deberes y posibles demandas por daños ocasionados a personas o animales, todo enmarcado dentro de la normatividad establecida por los organismos de control local y departamental.