Alcaldía de Bogotá pide lavado de manos, pero en sectores pobres eso es un cruel desafío

La alcaldesa Claudia López recalca en todas sus intervenciones esa medida contra el coronavirus, igual que la del distanciamiento y el uso del tapabocas.

Pero la del lavado de las manos resulta particularmente imposible en varios sectores de la capital en donde el líquido brilla por su ausencia.

López no es la responsable directa de que eso pase, y su pedido está respaldado por la mejor intención de proteger a la mayoría de bogotanos, pero los casos de Yeimy Martínez y Christian Robayo, que viven en los extramuros de la ciudad, le recuerdan a la alcaldesa que tiene mucho por hacer en materia de cobertura de servicios públicos.

El agua no siempre fluye por la manguera de caucho negro que cuelga detrás de la casa de Yeimy. En plena pandemia, el gesto simple de lavarse las manos es todo un desafío en un barrio pobre de Bogotá.

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“El agua a veces llega, a veces no llega (…). Si ya no tengo agua, no tengo cómo lavarme las manos, cómo darle un aseo a mi hijo (…), cómo limpiar mi casa”, deplora la joven de 21 años.

Al igual que otras 80 familias, sobrevive en una de las construcciones de madera y techos de láminas metálicas, aglutinadas al pie de un acantilado en Ciudad Bolívar, al sur de la capital, de ocho millones de habitantes.

Pese a la falta de agua corriente y alcantarillado, este asentamiento ilegal de chabolas fue bautizado Sueños 2. El apodo que le dieron sus habitantes todavía es más irónico: ‘La cascada’, por las aguas residuales que caen desde las casas más altas.

“Aquí todo se hace más difícil, y más con esta cuarentena, estamos jodidos”, subraya Yeimy.

Junto con su esposo, su hijo de seis años y su padre, comparte una habitación con tres camas, un televisor viejo y armarios desvencijados. La cocina no tiene fregadero ni lavamanos. Apenas una estufa de gas.

El lujo de desinfectarse

Varias veces al día, Yeimy debe salir por un maltrecho camino, que pareciera doblarle los tobillos, para recoger el agua de la manguera, en un cubo de plástico, y llevarla hasta la modesta casa.

Desde el 20 de marzo, cuando empezó el confinamiento contra la pandemia en Bogotá, esta vendedora ambulante de CD no puede salir a trabajar, y su esposo, un obrero de 28 años, tampoco.

En “los días buenos podía traer hasta 50.000 pesos (cerca de 13 dólares) y con eso, hacía un mercadito”, explica.

Pero ahora, que no tiene ni para comprar una libra de arroz, menos puede darse “el lujo” de adquirir un desinfectante que compense la falta de agua.

Christian Robayo, edil de izquierda, dice que la “situación extrema se agudizó” por la COVID-19 en Ciudad Bolívar, donde la mitad de sus 800.000 habitantes, sobre todo los informales, “necesita ayuda” social.

El gobierno sostiene haber dado subsidios por 1.200 millones de dólares a familias pobres golpeadas por la crisis en toda Colombia, pero persisten las quejas por más ayuda.

Cerca del 47 % de la población activa del país vive de la economía informal y casi siete de los 48 millones de habitantes no tiene acceso a agua corriente, pese a que la nación es considerada una potencia hídrica y la justicia ordena un mínimo vital del líquido para las poblaciones vulnerables.

Colombia supera los 900 muertos y los 29.000 contagiados por el nuevo coronavirus desde la detección del primer caso, el 6 de marzo. El 30 % de los infectados está en Bogotá. “Ciudad Bolívar es uno de los distritos donde la curva está aumentando”, agregó Robayo.

Huerto salvador

En la parte baja de la barriada, a lo largo de una quebrada contaminada que serpentea entre los vertederos de basura, Jorge Ariza cultiva un pequeño huerto. Frente a su casa, en uno de los estacionamientos de autobuses públicos, pastan una vaca y dos terneros de su vecino. Algunos patos también deambulan por allí.

De 51 años, Ariza es un reciclador que hace once fue desplazado del campo por la violencia de décadas en Colombia. Vive en una casa de dos pisos que construyó con las uñas para su familia de cinco hijos.

También se surte de un magro chorro de agua que llega hasta allí por una conexión por la que pagó 130.000 pesos (alrededor de 35 dólares). “Sirve para cocinar, lavarse”, explica Jorge, apuntando a los baldes que carga desde el patio hasta la cocina.

Pero si necesita regar el huerto o limpiar el inodoro entonces tiene que recoger agua de lluvia.

“En este momento que no podemos salir a los mercados libremente (…), que no podemos salir a trabajar, pues esta huerta nos ha servido como parte de la solución del alimento, de las frutas, de las verduras, de los medicinales también”, dice aliviado.

Sin dinero para fármacos, este indígena del pueblo Pijao se las arregla con sus plantas mientras el virus acecha. “Nos ha servido mucho la parte medicinal de esta huerta (…) para los dolores de cabeza (…) para la gripe, los mareos”.

Cuando termine el confinamiento, Jorge y Yeimy volverán a las calles sin demasiadas esperanzas de ver algún día salir el agua por el grifo.