De la flotilla humanitaria a la Cancillería: activistas condecoradas por Petro obtuvieron millonarios puestos

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Manuela Bedoya y Luna Barreto, las jóvenes colombianas que acapararon titulares tras su participación en la flotilla, terminaron en la Cancillería. Manuela Bedo

La trayectoria institucional y pública de Manuela Bedoya y Luna Barreto sigue dando de qué hablar en el escenario político nacional. Las dos jóvenes colombianas, que saltaron a la fama internacional en octubre de 2025 tras integrar la flotilla Global Sumud con la intención de llevar ayuda humanitaria a Gaza, volvieron a acaparar la atención pública luego de que se conociera su reciente vinculación laboral con el Ministerio de Relaciones Exteriores a través del Fondo Rotatorio de la Cancillería, según informó Infobae.

De acuerdo con los registros del sistema de contratación pública (Secop), ambas activistas firmaron contratos vigentes hasta el próximo 31 de diciembre de 2026, por una suma que supera los 45 millones de pesos cada uno. Los documentos detallan que las remuneraciones mensuales previstas para sus labores ascienden a 3.754.481 pesos, alcanzando un valor total individual de 45.053.772 pesos, cifra que incluye impuestos, IVA y costos directos o indirectos asociados a la ejecución de las actividades, de acuerdo con el citado medio.

Las funciones asignadas a las jóvenes en la Dirección para el Desarrollo y la Integración Fronteriza contemplan la interlocución directa con comunidades indígenas ubicadas en municipios limítrofes estratégicos del país. Según los acuerdos contractuales, Manuela Bedoya fue designada para prestar apoyo y servir de enlace en el departamento del Chocó, mientras que Luna Barreto asumió la misma responsabilidad en las zonas fronterizas de los departamentos de Guainía y Vichada.

Más allá de la interlocución con los pueblos originarios, el clausulado establece que ambas contratistas deben impulsar espacios de participación territorial, socializar programas y proyectos institucionales, y coordinar la logística de reuniones requeridas por la supervisión. Adicionalmente, los contratos contemplan la posibilidad de realizar desplazamientos a nivel nacional financiados por la entidad, la cual asumirá los viáticos, gastos de viaje y tiquetes aéreos en clase económica cuando las necesidades operativas del servicio así lo exijan.

La llegada de Bedoya y Barreto a la Cancillería reaviva el debate sobre los reconocimientos y beneficios estatales que han recibido tras el episodio vivido en octubre de 2025, cuando las autoridades israelíes las retuvieron durante su intento de romper el bloqueo marítimo en la Franja de Gaza. En su momento, el entonces presidente Gustavo Petro asumió una postura de respaldo férreo, exigiendo su liberación y criticando duramente a Israel.

La relación con el Ejecutivo escaló cuando el exmandatario se reunió con ellas en Bruselas (Bélgica) y las repatrió a bordo del avión presidencial. Meses después, en diciembre de 2025, el gobierno saliente les impuso la condecoración de la Orden de Boyacá en el grado de Caballero, un reconocimiento estatal que vino acompañado de la asignación acelerada de esquemas de protección por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Dicha decisión desató en su momento fuertes críticas por parte de sectores políticos y del sindicato de la entidad, cuestionando la priorización de recursos frente a otras poblaciones vulnerables en las regiones; una controversia a la que ahora se suma la millonaria vinculación contractual dentro del aparato diplomático.