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Fue suscrito en febrero de 2015 y ejecutado hasta el 15 de diciembre de ese año, cuando Eduardo Montealegre estaba a cargo de la entidad.
Enrique de Jesús Gil Botero, nuevo ministro de Justicia, fue contratado para capacitar a “los abogados internos y externos de la Fiscalía General de la Nación que atienden la representación judicial de esta”, según se puede comprobar en los registros del Sistema Electrónico de Contratación Pública.
Además, Gil Botero debía asesorar jurídicamente a la entidad en los procesos en que esta actuara como “demandante o demandada”, así como “en las estrategias de defensa”.
También tenía que elaborar “un manual o documento guía […] para el manejo y la atención en la defensa de la Fiscalía General”.
Todo esto “para mitigar el riesgo de sentencias condenatorias contra la entidad”, dice el contrato.
“A través de la implementación de una política pública argumentativa y de racionalización de los recursos públicos se busca la disminución en el pago de sentencias judiciales en las cuales la entidad sea vencida”, añade el documento.
El contrato se puede ver a continuación:
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