Fiscalía investiga contrato firmado por Matador para divulgar el Acuerdo de Paz tras denuncia presentada por la Presidencia

El reconocido caricaturista Julio César González Quiceno, conocido popularmente como Matador, vuelve al centro de la atención pública tras una denuncia penal que involucra la celebración de un contrato con el Gobierno de Gustavo Petro, según información reportada por la Fiscalía General de la Nación. La acción judicial fue promovida por Carlos Andrés Ríos Puerta, director encargado del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), quien solicitó investigar posibles irregularidades en la firma, ejecución y supervisión de un contrato celebrado con el Fondo Colombia en Paz.

De acuerdo con la denuncia, el contrato identificado como número 1937 de 2024 fue firmado por un valor inicial de $257.040.000 pesos, a lo que se suman $41.040.000 por concepto de Impuesto al Valor Agregado (IVA), contemplando una vigencia de doce meses. El propósito del convenio era impulsar la divulgación del Acuerdo de Paz mediante caricaturas elaboradas por Matador. Sin embargo, el denunciante argumenta que durante la revisión documental aparecieron inconsistencias en diferentes fases del proceso contractual, lo que motivó la solicitud de una investigación para aclarar si se cumplieron todos los procedimientos legales y administrativos requeridos.

Uno de los principales cuestionamientos es un error en la identificación del contratista. Según la denuncia, en una de las partes del documento aparece el nombre Julio César Rodríguez Quiceno, mientras que, tanto en el resto del contrato como en el Registro Único Tributario (RUT), la identificación corresponde a Julio César González Quiceno. De acuerdo con la información presentada, este error genera dudas sobre el cuidado y la transparencia con que se elaboraron y revisaron los documentos respaldatorios del contrato.

Otro punto señalado concierne al tratamiento del IVA. El denunciante expone que el RUT actualizado de Matador, con corte al 31 de enero de 2024, lo identificaba como no responsable de este impuesto. No obstante, en el contrato sí se contemplaban pagos mensuales por el IVA, por lo que la inconsistencia solo fue corregida posteriormente mediante un otrosí, es decir, un documento adicional firmado dos meses después de comenzado el contrato.

La denuncia también pone el foco sobre la supervisión contractual, cuestionando posibles diferencias entre los periodos que fueron cobrados, las fechas reportadas de las actividades realizadas y la evidencia de cumplimiento presentada por el caricaturista. Por ello se incluyó en la investigación a Gloria Cuartas, supervisora del contrato, para establecer si las revisiones y soportes se llevaron a cabo de forma adecuada. El documento solicita evaluar la posible comisión de delitos como peculado por apropiación, peculado culposo, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad ideológica en documento público. No obstante, la existencia de esta denuncia no implica hasta ahora responsabilidad penal alguna por parte de los mencionados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las presuntas irregularidades en el contrato de Matador con el Fondo Colombia en Paz?

Según la denuncia presentada por el Dapre ante la Fiscalía General de la Nación, las posibles irregularidades incluyen errores en la identificación del contratista, inconsistencias en el pago y declaración del IVA y dudas sobre la adecuada supervisión del cumplimiento contractual. Adicionalmente, la denuncia destaca discrepancias en la documentación, como el uso de un nombre incorrecto en parte del contrato y la posible falta de claridad en los informes y las actividades ejecutadas.

¿Qué significa el término “peculado por apropiación” en el contexto de la denuncia contra Matador?

La expresión “peculado por apropiación” hace referencia a un delito que se presenta cuando un servidor público, o una persona que administra recursos públicos, toma para sí o da un uso indebido a bienes del Estado. En el caso de la denuncia contra Matador, este término se menciona como uno de los posibles delitos a investigar, aunque hasta el momento solo forma parte de las hipótesis presentadas y no implica que se haya cometido algún delito.