Contraloría alerta sobre limitaciones y anomalías en el uso de recursos para la paz total en Colombia durante la última década

La Contraloría General realizó una exhaustiva revisión sobre el destino y uso de los recursos invertidos durante la última década en la implementación del Acuerdo de Paz firmado en La Habana, Cuba, entre el Gobierno Nacional y la extinta guerrilla de las Farc. Según los hallazgos, la atención se centra especialmente en los fondos asignados por la administración de Gustavo Petro para impulsar su política de paz total, una de las apuestas más notorias del reciente gobierno. El análisis pone de manifiesto una inquietante contradicción: si bien se han girado cuantiosos recursos —descritos como billonarios—, la ejecución de estos dineros ha resultado limitada y con serias complicaciones, de acuerdo con el informe citado.

El Décimo Informe de Seguimiento al Acuerdo Final de Paz, en el que se basa la Contraloría, detalla que el Plan Nacional de Desarrollo (PND) correspondiente al periodo 2023-2026 destinó COP 52,40 billones a la iniciativa de paz total. Sin embargo, el ente de control descubrió que hasta 2025 ya se habían ejecutado COP 64,04 billones, sobrepasando así la meta presupuestal establecida en un inicio para los cuatro años.

Uno de los frentes más importantes investigados es el Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, ejecutado por el Instituto Nacional de Vías (Invías). Este programa tenía el propósito de mejorar, mantener y rehabilitar caminos rurales, buscando fortalecer la conectividad y el progreso de las regiones más apartadas. Según los datos estudiados, se adjudicaron poco más de un billón de pesos para este fin durante el cuatrienio; sin embargo, en 2025 el programa no contó con apropiación presupuestal, lo que obligó a buscar otras fuentes para permitir que las intervenciones —que sumaron 2.240,7 kilómetros— pudieran seguir su curso.

Pese a los esfuerzos, la Contraloría identificó 48 hallazgos con presunto impacto fiscal, por un valor de COP 1.513 millones, relacionados con fallas en la planeación, problemas en la calidad de las obras y la falta de documentación soportada de las ejecuciones. Asimismo, otro proyecto relevante fue el de Infraestructura Social y Hábitat para la Paz Total, dirigido a mejorar infraestructura en zonas vulnerables. Para el año 2025, aunque se asignaron COP 134.931 millones y se comprometieron COP 115.389 millones, solo se han pagado realmente COP 32.687 millones.

Finalmente, la Contraloría resalta que el año 2025 fue el de mayor número de hallazgos fiscales: 59 casos con presunta incidencia fiscal que suman COP 11.220 millones, lo que evidencia la magnitud de los retos en la ejecución y vigilancia de los recursos para la paz.

¿Cuáles fueron las principales irregularidades que encontró la Contraloría en la ejecución de recursos para la paz total?

La Contraloría detectó irregularidades principalmente en la planeación de los convenios solidarios, deficiencias en la calidad de las obras y la ausencia de soportes adecuados para certificar la ejecución. Además, la falta de apropiación presupuestal en 2025 exigió buscar fuentes alternativas de financiación. Todo esto quedó reflejado en 48 hallazgos fiscales en el programa Caminos Comunitarios y en retrasos significativos en los pagos para proyectos de infraestructura social.

¿Qué avances y problemas reporta la Contraloría en el programa Caminos Comunitarios de la Paz Total?

El programa Caminos Comunitarios de la Paz Total logró intervenir 2.240,7 kilómetros en zonas rurales, priorizando el mejoramiento y mantenimiento de vías. Sin embargo, enfrentó serias dificultades como la carencia de recursos presupuestales en 2025, además de indicios de planeación deficiente y fallas de calidad en las obras, documentadas a través de 48 hallazgos con posible incidencia fiscal.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.