Contraloría pidió al Consejo de Estado frenar la operación de la PTAR Salitre

El pasado 9 de agosto la Contraloría anunció ante el Consejo de Estado una advertencia sobre el caso de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Salitre, en la que se contempla la posibilidad de que se genere un detrimento en los recursos del Distrito por las órdenes dadas del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

La entidad pidió que los argumentos de este “nuevo escrito sean tenidos en cuenta dentro de la apelación que está resolviéndose sobre las medidas cautelares que impuso en su momento el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la sentencia del año 2014 (conocida como Sentencia del Río Bogotá) en la que se argumentó la protección de los derechos colectivos relacionados con el agua y el goce de un ambiente sano, entre otros”.

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En el documento que entregó la Contraloría de Bogotá al magistrado Oswaldo Giraldo, de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, la entidad invocó los derechos colectivos al patrimonio público y la moralidad administrativa, después de pedir que se analice el alcance de las órdenes impartidas por el juez popular (Tribunal Administrativo de Cundinamarca) órdenes que podrían producir detrimento de los recursos públicos de la ciudad.

Sin embargo, este 14 de septiembre esta entidad junto a la Procuraduría le insistió al Consejo de Estado que la PTAR no entre en operación.

“Solicitamos a su despacho considerar la posibilidad de dar prelación a la resolución de la segunda instancia de los recursos de apelación interpuesto por la Corporación Autónoma Regional (CAR) y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), en el marco de la inspección judicial precitada en contra de la medida cautelar impuesta por el Tribunal de Cundinamarca, incidente de desacato No. 70, Sentencia 0479 – 01″, señalaron las entidades en la mañana de este miércoles.

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Todo esto, después de la orden que dio el Tribunal Administrativo de Cundinamarca tras la inspección judicial del pasado 9, 10 y 13 de septiembre de 2021, en la cual la magistrada Nelly Villamizar de Peñaranda, ordenó al Consorcio Expansión PTAR Salitre entregar la planta al Acueducto de Bogotá el 13 de septiembre de 2021, con el fin de que iniciara la operación asistida. A pesar de que la planta aún no estaba lista para entrar en operación.

Con esa orden de Villamizar, se le otorgó al consorcio un mes “para el cumplimiento de los faltantes que el gerente de la interventoría del Contrato 803 de 2016 dio cuenta en el curso de la diligencia. Aunado a lo anterior, dispuso que el gerente del Consorcio IVK procediera a expedir los certificados de aceptación de terminación de los lotes que conforman el HITO 1, y ordenó que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – EAAB recibir la Planta de Tratamiento PTAR Salitre para entrar a operarla con la asistencia del CONSORCIO CEP”, agregó la Contraloría.

Después de esto, el recurso fue interpuesto por Néstor Guillermo Franco González, de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y el Acueducto de Bogotá, y fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, decidiendo no reponer y conceder el recurso de apelación ante el Consejo de Estado.

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¿Qué ha pasado con la PTAR Salitre?

El pasado 3 de agosto la Contraloría de Bogotá se pronunció frente al supuesto hecho de que la segunda fase de la planta debía ser entregada el pasado 12 septiembre.

La entidad señaló el mal estado de la maquinaria de la PTAR, que había sido entregada parcialmente en diciembre de 2021. Sin embargo, en una visita, el ente de control Distrital pidió a las entidades a cargo dejar la constancia sobre el estado de las instalaciones de la planta para evitar inversiones adicionales.

“Creemos que en esta fecha no se va a entregar la totalidad de la obra, no hay una posibilidad física o material de hacerlo, creo el contrato debe ser objeto de una prórroga que deben acordar las partes”, manifestó en agosto Julián Ruiz, contralor de Bogotá.

Después de esto, La Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI) fue designada como “Amigable Componedor”, para resolver la controversia en torno a la entrega de las obras de ampliación de la planta. Ya que el contratista de la obra, el Consorcio de Expansión de la PTAR Salitre (CEPS), indicó que los problemas en los equipos se deben a falta de mantenimiento, por lo que está de acuerdo con una inspección de un tercero de la planta.

De esta manera, se firmó un acuerdo entre la CAR y el contratista para que sea la SCI quién defina cómo se debe entregar la planta y si la falla en la maquinaria de la PTAR se debe a su funcionamiento normal o a errores en la instalación, por parte del consorcio.

Por su parte, la Cámara de Comercio de Bogotá anuncio el pasado 14 de agosto que llevaría a cabo la revisión del contrato de la planta. Todo esto en un plazo de seis meses, y así emitir decisiones para la finalización de la obra. Asimismo, la Procuraduría anunció que durante este plazo continuará el seguimiento a la ejecución de la PTAR Salitre II, y que estaría dispuesta a adoptar las instancias jurídicas necesarias para proteger la inversión de la Nación y el Distrito.