Contraloría investiga millonario posible daño fiscal en el parque eólico Windpeshi: ¿qué pasó con la transición energética?

La Contraloría de Bogotá inició un proceso de responsabilidad fiscal por un presunto detrimento patrimonial de $313.276 millones, vinculado al proyecto eólico Windpeshi en La Guajira. Este parque eólico fue adquirido por Ecopetrol en 2023 y se concibió como parte fundamental para impulsar la transición energética en el país y aprovechar el potencial de generación de energía renovable en esa región. Sin embargo, tras la revisión de la Contraloría, se evidenciaron posibles irregularidades en la planeación, ejecución y desarrollo de la obra, la cual permanece suspendida desde mayo de 2023 sin haber iniciado operaciones. Según datos oficiales de la entidad, a pesar de la importante inversión, el avance de las obras no corresponde con lo planificado, y no se han logrado los objetivos para los que se destinaron estos recursos.

El contralor de Bogotá, Juan Camilo Zuluaga Morillo, señaló que en este caso se comprometieron recursos significativos sin que el proyecto cumpliera, hasta ahora, los propósitos originales. Recalcó que la apertura del proceso fiscal busca esclarecer los hechos y establecer las responsabilidades que correspondan. Los informes revelan un avance físico del 29,6% en marzo de 2022, por debajo del 33,7% previsto para ese periodo. Además, se identificaron importantes atrasos en los procesos de licenciamiento, lo que afectó de manera directa el cronograma contemplado y provocó que los costos para terminar el proyecto se elevaran, paralizando aún más su consecución.

Cuando el proyecto fue suspendido en mayo de 2023, solo se habían construido 7 de las 41 cimentaciones planeadas para soportar los aerogeneradores. Los equipos comprados para el funcionamiento del parque tampoco habían sido instalados ni estaban en operación, lo que significa que una parte de la inversión permanece improductiva. Este escenario llevó a la Contraloría a advertir que existe una presunta afectación a recursos públicos distritales, dada la participación del Distrito Capital en Enel Colombia, anterior controladora del proyecto.

El proceso de responsabilidad fiscal pretende esclarecer posibles fallas en la toma de decisiones y determinar si las acciones de quienes participaron en la planeación y ejecución del Windpeshi dieron lugar a un daño patrimonial sobre bienes públicos. La investigación se convierte así en un paso central para definir si hubo una gestión inadecuada de los recursos asignados a una iniciativa estratégica tanto para la transición energética nacional como para el desarrollo económico y ambiental de La Guajira.

Windpeshi fue adquirido por Ecopetrol en julio de 2025 como parte de la estrategia de diversificación hacia energías renovables y en el marco de su compromiso con la transición energética. La transacción superó los US$50 millones, y se prevé una inversión adicional aproximada de US$350 millones entre 2025 y 2027 para completar el parque, que tendrá 205 megavatios de capacidad y alcanzará a producir más de 1.000 gigavatios hora anualmente, el equivalente al 9% del consumo energético del Grupo Ecopetrol. Además, la iniciativa busca reducir la emisión de 4,8 millones de toneladas de CO₂, posicionando a La Guajira como un escenario clave para la generación de energías limpias. Sin embargo, mientras el proyecto continúa suspendido, los equipos permanecen almacenados y la región sigue a la espera del impacto social, ambiental y económico que se había proyectado.

¿Quiénes pueden ser declarados responsables en un proceso de responsabilidad fiscal como el del proyecto Windpeshi? En casos como el del parque eólico Windpeshi, la pregunta sobre los posibles responsables es fundamental tanto para la transparencia como para la gestión adecuada de los recursos públicos. El proceso de responsabilidad fiscal busca determinar si las decisiones tomadas por personas naturales o jurídicas en las fases de planeación, ejecución o supervisión del proyecto llevaron a un daño patrimonial al Estado.

El enfoque no se limita únicamente a los funcionarios públicos; también pueden estar involucrados contratistas, interventores y representantes de empresas privadas, siempre que hayan influido en la toma de decisiones o en la ejecución de recursos públicos. Identificar claramente a los responsables es esencial para sentar precedentes y fortalecer la confianza ciudadana en la vigilancia y control de grandes proyectos energéticos de interés nacional.