Contraloría de Bogotá indaga posible daño fiscal por el estado de la gramilla en el estadio El Campín tras suspensión de partido
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El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad.
Visitar sitioLa revisión incluirá los costos de la cancha dañada, el contrato con Sencia y la gestión del IDRD.
La Contraloría de Bogotá inició una indagación preliminar para determinar si las condiciones actuales de mantenimiento y operación del estadio El Campín, en particular el estado de la gramilla, podrían haber generado un impacto negativo sobre los recursos públicos. Esta decisión se tomó luego de la cancelación, por parte de la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor), del partido entre Millonarios y Once Caldas debido a las malas condiciones del terreno de juego, hecho que nunca antes había ocurrido en la historia de dicho escenario deportivo. De acuerdo con la información suministrada por El Espectador, el alcalde Carlos Fernando Galán manifestó que la situación de la grama era “inaceptable”, solicitando al Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) que iniciara un proceso frente a un posible incumplimiento de las obligaciones de la concesionaria Sencia, responsable del estadio.
La investigación surge a partir de una visita administrativa realizada por la Dirección de Reacción Inmediata de la Contraloría, la cual incluyó una inspección del campo de juego y revisión de los documentos entregados por Sencia y el IDRD. El objetivo primordial es identificar si existieron irregularidades de carácter fiscal que afecten el patrimonio público, especialmente a raíz de los costos asociados al deterioro de la cancha y a la inhabilidad del estadio para acoger los partidos programados.
El alcance de la indagación abarca la verificación del cumplimiento de las obligaciones del contrato de concesión firmado en el año 2024, que exige la disponibilidad del estadio para eventos deportivos y el adecuado estado de la gramilla. Además, se analizarán los procedimientos de supervisión por parte del IDRD y la interventoría correspondiente, buscando sustentar el correcto uso de los recursos públicos destinados a pagos y mantenimientos.
Por otra parte, la Contraloría llevará a cabo una auditoría de cumplimiento sobre la gestión del contrato de asociación público-privada (APP) de El Campín, sumada a la revisión del modelo financiero, las contraprestaciones económicas y los ingresos derivados de eventos distintos al fútbol, como conciertos. Esta auditoría está incluida en el Plan Distrital de Vigilancia y Control Fiscal de 2026 y revisará la actuación del IDRD desde la planeación hasta la transición de la fase de construcción, evaluando si las decisiones administrativas han beneficiado los intereses del Distrito.
Simultáneamente, la Personería de Bogotá, bajo la dirección del personero Andrés Castro, desplegó una acción preventiva para determinar si existieron posibles faltas disciplinarias ligadas al manejo de la APP de El Campín y el contrato con Sencia. El director del IDRD, Daniel García, confirmó que se estudian acciones penales y disciplinarias por un presunto incumplimiento contractual tras los conciertos realizados en el escenario, específicamente los de BTS.
Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
¿Por qué la Contraloría investiga el estado de la gramilla del estadio El Campín?
La Contraloría de Bogotá investiga el estado de la gramilla del estadio El Campín para establecer si el deterioro del césped y la indisponibilidad del escenario generaron daños al patrimonio público, así como para verificar el cumplimiento del contrato de concesión por parte de la empresa Sencia y la supervisión institucional que ejerce el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD).
¿Qué implica una indagación preliminar de la Contraloría en contratos públicos?
Una indagación preliminar de la Contraloría corresponde a la etapa inicial de investigación en la que se revisan hechos y documentos, sin atribuir responsables aún, para determinar si existen indicios de irregularidades fiscales. A partir de estos hallazgos, el organismo podrá ampliar el alcance de la investigación o tomar medidas adicionales según los resultados obtenidos.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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