Contraloría prende alarmas por recursos públicos y protección de menores en Colombia

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El organismo encontró hallazgos por más de $442.900 millones y advirtió por fallas en programas sociales y el reclutamiento de menores por redes.

La Contraloría puso el foco sobre la manera en que se están manejando recursos públicos destinados a población vulnerable y programas sociales. El balance deja hallazgos que van desde registros irregulares de beneficiarios hasta obras inconclusas y contratos cuestionados, mientras que en materia de niñez también aparecen retos como el reclutamiento a través de redes sociales y las dificultades para combatir la desnutrición.

El análisis del organismo de control abarcó diferentes frentes de inclusión social y permitió identificar ajustes que entidades como el ICBF y el Ministerio de Salud incorporaron en sus procedimientos para mejorar la atención de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Sin embargo, también quedaron sobre la mesa dificultades en departamentos como La Guajira, Chocó y Vichada.

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Reclutamiento de menores y problemas de desnutrición

Uno de los puntos que causa preocupación es el incremento del reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes mediante redes sociales.

La Contraloría también revisó el cumplimiento de compromisos territoriales relacionados con la protección de esta población y encontró que el 56, 25 % de los territorios tiene alto compromiso presupuestal con la niñez. Mientras que el 18,75 % reporta un bajo compromiso en la asignación de esos recursos, en los departamentos de Amazonas, Arauca, Guainía, Guaviare Vaupés y Vichada.

En el caso de la desnutrición aguda, el organismo encontró debilidades en la eficacia, eficiencia y economía de los programas dirigidos a menores de 5 años en Chocó, Vichada y La Guajira.

La revisión también tuvo en cuenta la Sentencia T-302, que exige fortalecer la respuesta institucional frente a las condiciones que afectan especialmente a la población infantil de La Guajira.

Prosperidad Social, con hallazgo de $ 97.700 millones

Entre los resultados más grandes aparece Prosperidad Social. La Contraloría identificó un hallazgo fiscal por $ 97.704.981.000, relacionado con beneficiarios de Colombia Mayor y Compensación del IVA que presentaban registros irregulares en la base de datos del ADRES.

El SENA también quedó en el listado de entidades con hallazgos millonarios. Uno de ellos asciende a $ 18.436.738.743 y está relacionado con una obra inconclusa: la construcción del Centro Latinoamericano de Especies Menores (CLEM).

A este se suma otro hallazgo fiscal contra el SENA por $ 78.083.551.515, derivado de una contratación bajo la figura de urgencia manifiesta para servicios de tecnologías de la información.

Víctimas, otra entidad bajo la lupa

La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas también aparece entre los resultados de la revisión. En este caso, la Contraloría reportó un hallazgo fiscal de $ 33.009.669.360 por la falta de soportes y la imposibilidad de ubicar físicamente mercancías donadas por la DIAN.

Otro de los casos destacados corresponde a un contrato para construir un puente en Riohacha. El organismo identificó un presunto daño al patrimonio público por $8.500 millones, situación que llevó a iniciar un proceso de responsabilidad fiscal y a declarar el caso como de impacto nacional.

Más de 300 actuaciones y 899 hallazgos fiscales

En total, la Contraloría reportó 312 actuaciones fiscales, entre ellas 121 auditorías financieras, 181 auditorías de cumplimiento, una auditoría de desempeño, seis actuaciones especiales de fiscalización y tres seguimientos permanentes.

El resultado más contundente está en los 899 hallazgos fiscales, cuya cuantía conjunta alcanza los $ 442.916.706.755.

Además, el balance registra 4.249 incidencias administrativas, 3.100 disciplinarias y 85 penales, junto con 245 correspondientes a otras categorías.

La revisión también dejó 227 beneficios de auditoría por $ 14.777.896.131, mientras que se contabilizaron 365 indagaciones preliminares y 135 procesos administrativos sancionatorios.

En conjunto, las cifras muestran el alcance de las actuaciones de control sobre recursos públicos y dejan varios procesos en manos de las autoridades competentes para determinar las eventuales responsabilidades derivadas de los hallazgos.