Liberalismo decide candidato presidencial que defenderá acuerdos de paz

Este domingo será la consulta liberal en la que podrá participar todo el censo electoral del país, es decir, 35 millones de colombianos.

Sin embargo, la revista Semana prevé que será una jornada marcada por el ausentismo en las urnas debido a un ambiente de desmotivación de los electores, a la reducción de los puestos de votación, y a que la fecha está lejos de ser la ideal para que los colombianos salgan a votar.

Con este panorama,  el ex jefe negociador de paz del gobierno Santos, Humberto de la Calle, como el exministro del Interior Juan Fernando Cristo, se disputarán la titularidad del Partido Liberal para buscar la presidencia en 2018.

Un análisis de El Tiempo trató de identificar las diferencias que existen entre los dos candidatos liberales, pero al final la conclusión es que los dos coinciden filosóficamente con el propósito de sacar adelante la implementación de los acuerdos de paz con las Farc.

Tanto De la Calle como Cristo son fuertes en cuanto a su experiencia en cargos públicos, pero no mueven la voluntad política de los liberales de a pie

“Que la gente salga a votar un domingo cualquiera, sin que estén en juego más que los intereses de los políticos, es más difícil”, señaló Semana en su análisis de la jornada.

Es decir, que pase lo que pase hoy en las urnas, la consulta liberal podría convertirse en un fiasco que anticiparon los que se opusieron a que esta se realizara en noviembre, entre ellos, los senadores Juan Manuel Galán y Viviane Morales.

Las mesas de votación, que pasaron de 9.438 a tan solo 4.428, porque se excluyeron los centros de votación urbanos, estarán abiertas a partir de las 8 de la mañana y cerrarán a las 4 de la tarde.

Según Caracol Radio, el Partido Liberal espera un total de 500.000 votaciones pero es tan bajo el porcentaje que ni siquiera contará con el seguimiento de la Misión de Observación Electoral (MOE).

El costo final de evento electoral de este domingo quedó en 40.000 millones de pesos, luego de los importantes recortes que autorizó el liberalismo para que no se invirtieran los 80.000 millones que la Registraduría tenía destinados.