¿Hacia una nueva Constitución? El plan de Petro para una Asamblea Nacional mantiene dividido a Colombia

El anuncio del presidente Gustavo Petro de impulsar una Asamblea Nacional Constituyente ha desatado una intensa polémica en Colombia y mantiene el debate público al rojo vivo. Aunque Petro asegura que dicho proceso no interferirá con las elecciones de 2026, analistas advertidos por El Colombiano consideran que la iniciativa incide en el ambiente político de cara a esa cita democrática. Según esas fuentes, el mandatario busca, a través de la propuesta, abrir paso a reformas que el Congreso no ha sido capaz de tramitar y propiciar así un escenario favorable para su proyecto político y el de su movimiento, el Pacto Histórico, en las próximas elecciones.

De acuerdo con lo expuesto por el propio mandatario en su cuenta de X (antiguo Twitter), la Constituyente apunta a una serie de reformas profundas que espera incorporar en la Carta Magna de 1991. Entre los ejes propuestos menciona la reforma al sistema de salud y la aprobación de una reforma pensional, ambas detenidas o en revisión, así como ajustes en el código minero y la regulación sobre servicios públicos, educación e inteligencia artificial. Petro aspira también a ejecutar una “reforma agraria más profunda”, abordar medidas de adaptación frente a la crisis climática, modificar el ordenamiento territorial y fortalecer la autonomía regional, además de transformar la justicia y renovar el sistema electoral y sus autoridades.

El mandatario defendió la necesidad de una Asamblea Nacional Constituyente detallando que “hoy se necesita el poder constituyente del pueblo para hacer las reformas que el Congreso no hizo en 34 años para volver realidad su texto: el estado social de derecho y la garantía real y cotidiana a los derechos fundamentales de la totalidad de los colombianos”. Tal como puntualizó en redes sociales, su iniciativa buscaría proteger derechos de sectores marginados como campesinos, mujeres, jóvenes y trabajadores.

Pese a que Petro subraya que “la Constituyente no se hará en época electoral” y precisa que la recolección de firmas apenas inicia y durará tres meses —con la expectativa de que la presentación formal se realice tras el 20 de julio y la instalación del nuevo Congreso—, los analistas de El Colombiano estiman que los tiempos legales y políticos terminan por cruzarse con el calendario electoral. Además, advierten que, en la práctica, la sola discusión sobre la posible reforma de la Constitución de 1991 ya incide en el escenario previo a los comicios y alimenta la polarización del debate.

El texto que propone el Gobierno, según el análisis del medio, no solo plantea cambios concretos como la creación de un Tribunal Constitucional autónomo o la modificación de la autonomía del Banco de la República. También busca “actualizar” el modelo económico e insiste en que existe un supuesto “bloqueo institucional y omisiones legislativas” que impiden garantizar plenamente los derechos fundamentales. Ello, para analistas como el profesor Roberto García y el exministro Alejandro Gaviria, responde tanto a una estrategia electoral y de movilización –especialmente de la izquierda– como a una táctica para estructurar la campaña y distraer la atención del desgaste gubernamental, los escándalos de corrupción y la polémica por la emergencia económica.

El jurista Mauricio Gaona aportó a El Colombiano una visión crítica, señalando que la Constitución debe ser la norma superior por encima de la voluntad de un presidente. En su opinión, buscar modificarla por obstáculos a la gestión no es una salida legítima. Mientras tanto, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, remarcó que, con la vía constituyente, el Gobierno pretende alcanzar objetivos legislativos que han resultado esquivos al oficialismo durante los tres años de mandato, justo cuando restan menos de ocho meses para el relevo presidencial.

¿Cuáles serían los pasos legales para convocar una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia?

Este interrogante cobra especial relevancia ante el protagonismo que el tema ha adquirido en la agenda pública y en los debates entre líderes de opinión y políticos. Dado que la Constitución de 1991 establece un proceso específico para convocar una Asamblea Nacional Constituyente, los ciudadanos y los analistas se preguntan cuáles son los mecanismos estipulados, qué requisitos deben cumplirse y qué margen de maniobra existe para modificar la carta política vigente.

Comprender los pasos legales involucrados resulta fundamental en un momento en el que la reforma constitucional podría definirse en buena medida por consideraciones jurídicas y procedimentales. Aclarar estos procesos permite que la ciudadanía evalúe de forma crítica los alcances reales y las limitaciones de la propuesta, así como las posibles consecuencias institucionales y políticas que implica un cambio tan trascendental.