Consejo de Estado se pronunció sobre el proceso de pérdida de investidura contra Petro

La Sección Quinta del Consejo de Estado emitió un auto en la noche de este lunes 20 de mayo, en el que declaró su falta de su jurisdicción en una demanda que pretendía la destitución del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez, por cuenta de la presunta violación a los topes electorales en la campaña presidencial de 2022, que llevó a Petro a la Casa de Nariño.

El recurso, interpuesto por el ciudadano José Ángel Espinosa Henao, al parecer en representación de Mipofaamcol, una oenegé al servicio de militares retirados, buscaba que el presidente Petro y la vicemandataria Francia Márquez salieran del cargo. No obstante, el tribunal aseguró que esa competencia es exclusivamente de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, la cual ya investiga el asunto, pues pidió las copias del proceso al Consejo Nacional Electoral (CNE).

“El magistrado sustanciador consideró que de conformidad con los artículos 109 de la Constitución Política y 21 de la Ley 996 de 2005, el Congreso tiene la competencia para decretar la pérdida del cargo del presidente de la República de Colombia”, señaló el alto tribunal.

Y añadió: “Igualmente, advirtió que no existe norma referente a la figura del vicepresidente, sin embargo, como se trata de la misma campaña, esa corporación también debe adelantar esa clase de asuntos, en razón a que, de presentarse una eventual violación de topes, dicha irregularidad afectaría ambos cargos”.

¿Qué competencia tiene el Consejo de estado en el caso de Gustavo Petro?

Entre otros puntos, el Consejo de Estado puntualizó que el CNE solamente tiene competencia, si es del caso, para investigar y sancionar administrativamente las campañas electorales “y en ningún evento, podrá decretar la pérdida del cargo, lo cual, como se anotó, es privativo del Congreso de la República, tratándose del presidente y vicepresidente de Colombia”.

Esta determinación del tribunal se suma al debate sobre la formulación de cargos que adelantaron los magistrados del CNE, Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, quienes elaboraron una ponencia que buscaba investigar directamente al jefe de Estado. No obstante, el debate se da por cuenta de quién tiene la potestad de juzgar al presidente. Sus allegados señalan que si bien el CNE tiene la facultad de investigar los topes de campaña, no la tiene para adelantar pesquisas en contra del presidente.