Alcaldes excluidos y reclamos sin respuesta: así fue la accidentada noche del Consejo de Ministros en Montería

La noche del pasado lunes en Montería estuvo marcada por la expectativa y la tensión ante la convocatoria de un Consejo de Ministros dedicado a enfrentar la emergencia invernal que afecta a 150.000 personas en Córdoba. A pesar de que la sesión había sido agendada para las 7:00 de la noche, solo hasta poco después de las 10:00 p.m. el presidente Gustavo Petro abrió la reunión, confirmando así los ya comunes retrasos en su agenda, según reportó El Colombiano. Sin embargo, ni la espera ni el anhelo de los alcaldes por obtener respuestas concretas del Gobierno nacional se tradujeron en soluciones, ni en la esperada interlocución entre los mandatarios locales y el Ejecutivo.

Durante la velada, solo el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, y el alcalde de Montería, Hugo Kerguelen, tuvieron acceso al encuentro con Petro y su gabinete. Alcaldes de municipios duramente golpeados por la crisis, tales como Canalete, Cotorra, Tierralta, Lorica, Moñitos, Puerto Libertador, Puerto Escondido y Ciénaga de Oro, municipio natal del presidente, quedaron por fuera. Medios locales documentaron las imágenes de cerca de una decena de alcaldes aguardando, sentados en el suelo, esperando ser llamados al Consejo para exponer la grave situación de sus municipios. Pero ese momento nunca llegó, y al final, indignados, se retiraron sin ser escuchados.

Mientras tanto, el presidente Petro centró parte del Consejo en lanzar críticas hacia algunos mandatarios municipales. Según sus palabras, recogidas tanto por El Colombiano como por cuentas oficiales de la Presidencia de Colombia, acusó a varios alcaldes de capitalizar políticamente la entrega de ayudas entregadas por el Gobierno nacional, presentándolas como si fueran recursos propios o gestiones de políticos en campaña. El mandatario calificó esta práctica como una “sinvergüenzura electoral”, al tiempo que insistió en que no todos los alcaldes actúan así, pero que el fenómeno es determinante para la coyuntura actual.

En cuanto a medidas concretas, la única propuesta expuesta fue una solicitud formal a la Corte Constitucional para que levante la suspensión provisional del decreto de emergencia económica. Esta suspensión había sido establecida el 29 de enero, y el Gobierno, según lo reportado, la ha acatado plenamente. No obstante, el presidente insistió en la urgencia causada por los hechos “nuevos, graves y sobrevinientes”, resaltando que desde esa fecha han fallecido al menos 14 personas, más de 9.000 viviendas han sido destruidas y alrededor de 50.000 familias —cerca de 300.000 personas—resultaron impactadas por las precipitaciones extremas y sus consecuencias.

Finalmente, otro aspecto relevante en la gestión de la emergencia fue la petición de renuncia de Juan Acevedo Rocha, presidente encargado de la Hidroeléctrica de Urrá S.A. Por instrucción del mandatario, se solicitó también una investigación penal, en el contexto de las afectaciones derivadas por la temporada de lluvias en Córdoba. La salida de Rocha del cargo, como primer presidente suplente de la empresa, se produjo durante la mañana del martes siguiente al Consejo.

¿Por qué la Corte Constitucional suspendió el decreto de emergencia económica? - La decisión de la Corte Constitucional de Colombia de suspender provisionalmente el decreto que declara la emergencia económica responde a su función de velar porque las medidas extraordinarias del Ejecutivo respeten el marco constitucional. De acuerdo con la información proporcionada, la suspensión fue acatada por el Gobierno desde el 29 de enero, aunque no se detallan en el texto los argumentos exactos del alto tribunal para esa decisión. La relevancia de este tema radica en que la aprobación o el levantamiento de la suspensión inciden directamente en la posibilidad del Gobierno nacional de desplazar recursos y adoptar herramientas excepcionales para asistir a poblaciones gravemente afectadas por desastres naturales como el que hoy sufre Córdoba. Esto abre el debate sobre los límites y equilibrios entre el control judicial y la capacidad de respuesta del Estado central ante crisis humanitarias de gran magnitud.