Golpe a la izquierda: Consejo de Estado anula personería jurídica del PTC y deja en vilo avales presidenciales

El Consejo de Estado determinó anular la resolución mediante la cual el Consejo Nacional Electoral (CNE) había restituido la personería jurídica al Partido del Trabajo de Colombia (PTC), una organización política de la clase obrera que se autodefine como marxista-leninista y maoísta. Esta decisión afecta de manera directa a figuras como el precandidato presidencial Camilo Romero, quien apenas días atrás había recibido el aval de dicho partido para participar en la consulta presidencial programada para el 8 de marzo, denominada por él mismo como “la consulta de la gente, la consulta progresista”, según sus declaraciones al recibir el respaldo del PTC.

No solo Romero resultaba directamente influido por el restablecimiento legal temporal del PTC. El partido también estuvo vinculado a la aspiración presidencial de Diana Osorio, esposa de Daniel Quintero, para participar en la consulta presidencial de izquierda denominada ‘Frente por la Vida’. No obstante, ante acusaciones y rumores, el propio Partido del Trabajo negó haberle entregado su aval, desmarcándose de tal respaldo en medio de la controversia suscitada.

La decisión adoptada por el Consejo de Estado responde a la ausencia de pruebas contundentes sobre la relación entre la violencia sufrida por algunos de sus integrantes y actividades proselitistas propias del partido. De acuerdo con el fallo, citado en la información brindada, no se logró evidenciar que esos hechos de violencia tuvieran relación directa con la actuación política del PTC, ni que tales situaciones hubieran impedido o limitado de manera efectiva su derecho a la participación política. Este argumento fue esencial para revertir la decisión previa del CNE de devolverle a la colectividad su estatus legal en el año 2023.

La colectividad, que vio recuperada su personería jurídica apenas hace dos años después de haberla perdido en 2004, vuelve a quedar al margen del sistema político colombiano tras el nuevo fallo. Camilo Romero, por ejemplo, sostuvo su aval legal por menos de un mes, ya que el respaldo del PTC se oficializó recién el 22 de enero y la anulación llegó poco después, dejando su participación en el aire y sus estrategias políticas sujetas a la evolución del escenario legal.

El partido, que se encuentra representado en el CNE por Marcelo Torres Benavides como secretario general y Yezid García Abello como secretario general suplente, es también aliado de otras colectividades de izquierda en el país. Su dirección actual se gestó a finales de los años noventa bajo el liderazgo de Torres, quien consolidó una línea de diferenciación frente al Movimiento Obrero Independiente Revolucionario (MOIR). Desde entonces, la colectividad apostó por la organización de masas y la participación electoral dentro del marco legal, buscando fortalecer su relevancia en la lucha por los intereses de la clase trabajadora.

Finalmente, la revocatoria de la personería jurídica del PTC no solo afecta a sus dirigentes y candidatos, sino también altera el escenario político de la izquierda en Colombia, especialmente por la cercanía de los procesos de consulta en los que pretendían consolidar alianzas y proyectar sus agendas progresistas.

¿Qué consecuencias políticas puede tener la pérdida de la personería jurídica para un partido como el PTC?

La pérdida de la personería jurídica para partidos políticos en Colombia representa un impacto inmediato en su capacidad de acción, pues impide presentar candidatos propios, acceder a financiación estatal y participar oficialmente en coaliciones y consultas. Tal situación genera incertidumbre para aspirantes, militantes y simpatizantes que confían en la representatividad y el respaldo institucional que otorga dicho estatus.

En el caso concreto del Partido del Trabajo de Colombia, esta decisión además resalta las dificultades enfrentadas por las denominadas colectividades minoritarias o alternativas en el país. Su exclusión del ámbito electoral formal puede afectar la pluralidad democrática y limitar la voz de sectores que conciben su participación política como parte fundamental de la transformación social. La resolución del Consejo de Estado demuestra cómo los requisitos legales y la interpretación de sucesos de violencia pueden incidir en el destino de los actores políticos en contextos complejos como el colombiano.