Pulso de poder: choque en el Senado por el decreto de emergencia económica y el control al Gobierno Petro

El reciente decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno de Gustavo Petro ha generado un ambiente de fuertes dudas y cuestionamientos tanto en la sociedad como en el Congreso. Durante la más reciente plenaria del Senado, la oposición intentó que todos los ministros comparecieran para explicar el alcance y la justificación de esta controvertida medida, pero la expectativa se desvaneció debido a una firme respuesta del ministro del Interior, Armando Benedetti. Según expuso Benedetti ante los senadores, ninguno de los ministros acudiría en ese momento, argumentando que la propia Constitución Política de Colombia les otorga cinco días para responder al cuestionario aprobado por el Congreso, el cual recién se había avalado el viernes anterior.

En paralelo a este desencuentro, el Senado continuó con asuntos institucionales y aprobó dieciséis ascensos en el Ejército y otros cuatro en la Policía Nacional. No obstante, la oposición, representada especialmente por el senador Carlos Fernando Motoa del partido Cambio Radical, insistió—sin obtener éxito—en que debía avanzarse con el debate de control político sobre el decreto de emergencia. Motoa, en declaraciones para El Colombiano, criticó duramente al Gobierno por lo que considera una usurpación de funciones del poder Legislativo al expedir decretos con fuerza de ley, y aseguró estar dispuesto incluso a sesionar el 31 de diciembre para asegurar la vigilancia democrática sobre el Ejecutivo.

Esta controversia gira en torno a la interpretación de la Constitución y la Ley Quinta, normativa interna del Congreso que regula su funcionamiento. La Constitución establece cinco días como plazo para que los ministros respondan al cuestionario, mientras que la Ley Quinta estipula un plazo máximo de diez días para la realización del debate después de la aprobación de la proposición. Según Motoa, ninguno de los textos normativos señala un plazo mínimo y, por tanto, se requeriría una interpretación integral para garantizar el control político significativo que debe ejercer el Congreso. Motoa recalcó que, bajo los principios constitucionales, lo fundamental es la esencia del debate y no los formalismos procedimentales.

La importancia de este control radica en que, a juicio de sectores de la oposición, está en juego la separación de poderes y la legitimidad de los decretos expedidos, mientras que el Gobierno advierte que los pasos se están siguiendo conforme a la Constitución. Motoa además denunció una supuesta falta de rigor e improvisación por parte del Ejecutivo, señalando ejemplos como el trámite de la reforma pensional y la emisión de decretos cuestionados, además de alegar que los ministros no contaban ni con la presencia en Bogotá ni con información suficiente para respaldar la emergencia económica.

El debate sobre la temporalidad y la iniciativa de las sesiones en el Congreso continúa, pues aunque Motoa insiste en que está dispuesto a sesionar incluso en fechas festivas, la decisión última queda en manos de la mesa directiva del Senado. Mientras tanto, la importancia de establecer controles políticos sólidos se hace evidente, ya que según la jurisprudencia citada, el Congreso no debe perder sus competencias ante los estados de excepción o emergencia aprobados por el Gobierno, pese a la interpretación divergente de los plazos y procedimientos administrativos.

¿Cuáles son las funciones específicas de la Ley Quinta en el Congreso de Colombia?

La Ley Quinta es el reglamento interno del Congreso de la República de Colombia y establece las normas de funcionamiento del poder Legislativo, incluyendo los procedimientos para la discusión de propuestas, el control político y la intervención de los ministros. Su cumplimiento es fundamental para garantizar el adecuado ejercicio del control constitucional sobre el Gobierno y la separación de poderes. El actual debate en el Senado resalta la relevancia de interpretar correctamente esta normativa, sobre todo cuando se trata de discutir medidas excepcionales como los decretos de emergencia económica. La Ley Quinta, en estos contextos, se convierte en una herramienta clave para delimitar las competencias y los tiempos de actuación entre el Ejecutivo y el Legislativo.