¿Sesión del Congreso en Año Nuevo? La polémica por la emergencia económica que sacude a Colombia

La política colombiana podría experimentar un acontecimiento sumamente atípico este 31 de diciembre, cuando el Congreso estudia la posibilidad de sesionar en una fecha históricamente reservada para asuntos personales y el cierre del año. El motivo detrás de esta propuesta es la controversia en torno al decreto de emergencia económica propuesto por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Dicho decreto busca, entre otros objetivos, gestionar la crisis fiscal nacional y habilitar la imposición transitoria de nuevos tributos o la modificación de los ya existentes. Esta iniciativa ha despertado gran inquietud en distintos sectores políticos, al punto de generar la solicitud para un debate de control político al gabinete completo, una práctica muy poco común en el panorama legislativo del país.

Lidio García, presidente del Senado y miembro del Partido Liberal, ha manifestado su disposición a encabezar una eventual sesión mixta, combinando la participación presencial y virtual para facilitar la comparecencia de los ministros. García enfatizó ante la plenaria que el Congreso posee la capacidad de ejercer control político en la fecha que considere adecuada. Incluso puntualizó que no vería inconveniente en adelantar la sesión durante la mañana del último día del año, argumentando que la mayor parte de los compromisos de los parlamentarios suelen estar programados para la tarde y noche.

La tensión se incrementó durante una reciente y poco convencional sesión extraordinaria, en la que se aprobaron 16 ascensos en el Ejército y otros cuatro en la Policía. Sin embargo, el debate de fondo giró en torno a la ausencia de los ministros para el control político. El senador opositor Carlos Fernando Motoa, del partido Cambio Radical, expresó su descontento por el retraso, recordando que tras aprobarse la convocatoria el viernes pasado, los ministros debieron comparecer al pleno del Senado en la siguiente sesión. La ausencia fue confirmada por el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien justificó la decisión citando el artículo 155 de la Constitución Política, que otorga a los ministros cinco días para responder el cuestionario correspondiente antes del debate de control político. El plazo vence exactamente el 31 de diciembre.

El cuestionamiento de al menos 35 congresistas gira en torno a la existencia de hechos específicos y verificables que justifiquen la declaratoria de emergencia económica, la excepcionalidad de la medida, el momento de su implementación y el impacto fiscal que acarrearía. Mientras tanto, la plenaria del Senado se mostró reacia a modificar el orden del día para priorizar el debate sobre el decreto, optando por continuar con la agenda de ascensos en las Fuerzas Militares y la Policía por 56 votos frente a 34. Legisladores del oficialismo, como la senadora Gloria Flórez, argumentaron que un debate de control político no debe postergar temas fundamentales para las instituciones de seguridad.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, respaldó la postura del titular de Interior, indicando que la interpretación legal y los tiempos legales para el debate corresponden a los ministros pertinentes y que, por ahora, la instrucción es abstenerse de asistir hasta que se cumpla el plazo constitucional. El presidente del Senado evalúa aún la alternativa de sesionar entre el 31 de diciembre y la primera semana de enero, mientras la crispación entre el Ejecutivo y el Legislativo parece lejos de aplacarse en el inicio del nuevo año.

¿Qué requisitos legales deben cumplirse para que el Congreso convoque una sesión extraordinaria de control político?

La pregunta sobre los requisitos legales para que el Congreso colombiano convoque una sesión extraordinaria de control político adquiere relevancia a raíz del escenario inusual analizado en el cual se baraja la posibilidad de un debate el último día del año. El artículo 155 de la Constitución Política establece procedimientos claros para citar a ministros: se otorgan cinco días para responder el cuestionario que fundamenta el control político antes de comparecer en plenaria, lo que garantiza tanto el derecho a la defensa del Ejecutivo como el ejercicio efectivo de control del Legislativo.

Esta regulación busca evitar precipitaciones y asegurar que los debates cuenten con insumos de fondo, fortaleciendo el equilibrio entre poderes y la transparencia en el manejo de decisiones de gran envergadura, como la declaratoria de emergencia económica. El cumplimiento de estos requisitos es indispensable para mantener la legitimidad y solidez institucional en momentos de alta tensión política.