Economía
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Se trata del representante uribista Edward David Rodríguez, que afronta un proceso por pérdida de investidura ante el Consejo de Estado.
Rodríguez hace parte de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, y es uno de los congresistas designados (el otro es el representante Liberal Fabio Arroyave) para investigar el caso de corrupción que involucra a dos exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia: Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte.
No obstante, informa Caracol Radio, el representante por el Centro Democrático figura entre seis de los 15 integrantes de esa comisión que tienen investigaciones pendientes en el Alto Tribunal.
El caso de Rodríguez se remonta a febrero de 2016 cuando su colaborador en la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) Luis Leandro Peña lo denunció por, supuestamente, pedirle dinero de su salario para financiar la campaña política.
La denuncia, según registró en ese momento El Espectador, fue enviada por Peña directamente al entonces presidente de la Corte Suprema Leonidas Bustos, hoy salpicado por el escándalo de corrupción.
Peña argumentó, según ese medio, que el representante Rodríguez lo nombró en julio de 2014 como asistente en su UTL con un sueldo de 2’577.400 pesos, y que cuatro meses después le ofreció un aumento con una remuneración mensual de 4’312.000 pesos.
“Sin embargo, posterior al mejoramiento del cargo, el parlamentario, igualmente de forma privada, me informó que mi ascenso se debía realmente a que tenía que darle y aportarle a él la suma de 1’500.000 pesos, los cuales él me iría indicando en qué tenía que gastarlos y/o a quién debía entregárselos”, se lee en la denuncia, que recogió el diario capitalino.
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El caso pasó a investigación y en mayo de 2017 la Procuraduría General le pidió al Consejo de Estado mantener la investidura del congresista Rodríguez mientras se resolvía la situación, indica RCN Radio.
Actualmente, según dijo el mismo Rodríguez a Caracol Radio, la Corte está a punto de emitir un fallo en su caso ya que el denunciante no ha podido argumentar los hechos por los que se habría constituido el aparente tráfico de influencias.
“Se trató de una persona que pretendía quitarme la curul (…) yo lo denuncié en la Fiscalía porque me estaba extorsionando, me exigió 18 millones de pesos para que le devolviera la UTL o de lo contrario me iba a hacer un escándalo”, agregó Rodríguez el pasado jueves a la emisora.
De no resolverse este proceso Rodríguez podría verse impedido para asumir la investigación de los dos exmagistrados, ya que por ley esa Comisión de la Cámara es la encargada de indagar a los funcionarios de las altas cortes.
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