Cauca en emergencia: enfrentamientos y confinamiento ponen en jaque a comunidades indígenas y campesinas

La más reciente ola de enfrentamientos en el norte del Cauca, especialmente en las áreas rurales de Corinto, expone el carácter persistente y complejo del conflicto armado en Colombia. El 1 de octubre de 2025, la confrontación entre tropas del Ejército Nacional y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), bajo el mando de la estructura Dagoberto Ramos Ortiz dirigida por “Iván Mordisco”, provocó el confinamiento inmediato de por lo menos 120 familias, es decir, alrededor de 450 personas. Esta situación demostró la grave vulnerabilidad humanitaria y social de comunidades indígenas y campesinas, atrapadas en el fuego cruzado.

Este episodio adquiere importancia por repetirse dentro de patrones de violencia sostenida que han definido al Cauca durante las dos últimas décadas. La estratégica ubicación geográfica de este departamento lo convierte en un eje para economías ilegales y le ha dado el triste protagonismo de estar entre los territorios con mayor número de homicidios selectivos y desplazamientos forzados, según Indepaz, organización especializada en el seguimiento de violaciones de derechos humanos y dinámicas del conflicto. La presencia y lucha armada entre disidencias, fuerzas estatales y otros actores ilegales explican la alta frecuencia de operativos militares, algunos de los cuales involucran apoyo aéreo y han derivado en consecuencias negativas para la población civil.

Conforme a los reportes del Ejército y la denuncia de líderes indígenas, el desarrollo de operaciones militares de la Brigada 29 y la Tercera División ha ocasionado daños colaterales como el confinamiento forzoso y el uso de viviendas indígenas como refugio momentáneo, práctica que evidencia la fragilidad del respeto al Derecho Internacional Humanitario en la zona. El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y las autoridades del resguardo Páez, alertaron también por la detención del comunero Cristian Daniel Casamachín Yatacue, un hecho que suscita preocupación sobre las garantías al debido proceso y a los derechos fundamentales de los capturados.

Instituciones como la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (MAPP-OEA) y la Defensoría del Pueblo resaltan el peligro que corre la vida, la integridad y la autonomía de los pueblos indígenas en un contexto donde la violencia no sólo se traduce en confrontaciones armadas directas, sino en la erosión del tejido social y cultural. Existen denuncias reiteradas sobre las limitaciones en el acceso a mecanismos efectivos de protección y reparación de las comunidades.

El dominio territorial en disputa, marcado por economías ilegales como el narcotráfico y por la debilidad institucional, complejiza la implementación de políticas públicas orientadas a la paz. El llamado urgente de los pueblos indígenas a entidades de control y organismos internacionales para activar sistemas de alerta temprana es expresión de un reclamo profundo por un Estado más protector y corresponsable, así como una demanda permanente de respeto pleno por el Derecho Internacional Humanitario y la autonomía territorial.

¿Qué significa el término “confinamiento forzoso” en el contexto del conflicto armado en Colombia? El confinamiento forzoso hace referencia a la restricción involuntaria de movimiento de comunidades enteras a causa de enfrentamientos armados, presencia de minas antipersona o amenazas directas de actores ilegales. Este fenómeno, documentado por entidades como Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, implica que las personas no puedan salir de sus hogares para acceder a servicios básicos, trabajar o realizar sus actividades diarias, lo que agrava su situación de vulnerabilidad y limita el acceso a ayuda humanitaria.

¿Cómo pueden las autoridades y organismos internacionales proteger efectivamente a las comunidades indígenas del Cauca? La protección de las comunidades indígenas requiere la puesta en marcha de sistemas de alerta temprana, seguimiento judicial y mecanismos de respuesta rápida, como lo solicitan el Consejo Regional Indígena del Cauca y los comunicados de la MAPP-OEA y Defensoría del Pueblo. Sin embargo, la implementación efectiva de estas medidas depende de la coordinación entre entidades estatales, organismos internacionales y la garantía de respeto a los derechos humanos, en escenarios caracterizados por la presencia de múltiples actores armados y economías ilegales.