El confinamiento en zonas rurales de Colombia: una forma de violencia invisible que afecta miles de comunidades

El confinamiento en regiones rurales de Colombia, como el Alto Baudó en Chocó, sigue siendo una de las formas de violencia menos visibilizadas y más devastadoras del conflicto armado. El caso de José Obdulio, un niño cuya muerte estuvo marcada por el miedo que impidió a su familia y comunidad darle una despedida digna, ejemplifica cómo el temor se convierte en un factor que anula tradiciones y derechos fundamentales. De acuerdo con los habitantes de estos territorios, citados por El Espectador, vivir bajo confinamiento es comparable a un encierro forzado, que imposibilita actividades cotidianas como cazar, pescar y hasta caminar; es una privación de la libertad sin reconocimiento jurídico formal.

Giovanni Rizzo, director del Consejo Noruego para Refugiados en Colombia, describe esta situación como una crisis humanitaria de gran magnitud, aunque poco visible. Según datos de la Defensoría del Pueblo, en 2025 más de 128.000 personas han sido víctimas de confinamiento en Colombia. Otras fuentes, como la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) y la Unidad de Víctimas, confirman que la problemática ha afectado a cientos de miles de personas en la última década, aunque las cifras no siempre coinciden.

El confinamiento no es un fenómeno reciente. Expedientes judiciales y documentos como el auto 004 de 2009 de la Corte Constitucional evidencian que esta práctica existe desde hace décadas, generando bloqueos a la movilidad y al acceso de alimentos y medicinas, así como la vulneración de derechos esenciales. Natalia Ángel, magistrada de la Corte Constitucional, enfatiza que las consecuencias trascienden lo individual: el confinamiento ataca la estructura misma de las comunidades, pone en riesgo su identidad cultural, autonomía y, sobre todo, su supervivencia.

El Derecho Internacional Humanitario es muy claro en prohibir cualquier conducta que degrade la dignidad civil, incluyendo obstáculos a la ayuda humanitaria. Sin embargo, la respuesta institucional ha sido, en palabras de Iris Marín, defensora del Pueblo, insuficiente y fragmentada. Paula Gaviria, relatora especial de la ONU sobre los derechos de los desplazados internos, considera que visibilizar la problemática ha sido un primer paso, pero es indispensable que el Estado garantice presencia y atención sostenida en estos territorios, tal como recomienda también el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), que insiste en que la protección y apoyo no puede limitarse a asistencias puntuales.

¿Qué significa el confinamiento en el contexto del conflicto armado en Colombia?

El confinamiento, según las fuentes citadas, es la restricción forzada de la movilidad y las actividades básicas de comunidades rurales, impuesta por actores armados, que implica una privación de la libertad y el acceso a derechos como alimentación, salud y educación, así como la interrupción de tradiciones culturales esenciales.

¿Cómo afectan los confinamientos a las comunidades étnicas en Colombia?

De acuerdo con la Corte Constitucional y con líderes comunitarios, los confinamientos impactan profundamente a las comunidades étnicas al limitar su autonomía, amenazar la continuidad de sus prácticas ancestrales y poner en riesgo su supervivencia, forzándolas a la mera supervivencia y hasta el desplazamiento.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.