Comunidades rurales de Valledupar reclaman mayor participación y conectividad en revisión del Plan de Ordenamiento Territorial

Miriam Leonor Montero, líder comunal de la zona rural dispersa de Caracolí, fue una de las representantes campesinas que asistió a la socialización de la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) el 16 de septiembre en la Biblioteca Departamental Rafael Carrillo Lúquez. Según describió Montero, su trayecto estuvo marcado por dificultades: “Me caí tres veces viniendo para acá”, relató, evidenciando el deterioro de las vías rurales y la falta de acceso adecuado para las comunidades apartadas. Su reclamo no solo apuntó a las condiciones del desplazamiento, sino a la manera en que las zonas rurales se informan sobre decisiones clave que impactan el uso del suelo, la protección ambiental y la productividad agrícola.

De acuerdo con lo expresado durante el encuentro, Montero cuestionó que la información oficial llegue tarde o no alcance a todos. “Me enteré por casualidad”, lamentó, recordando que en su sector la señal de celular es escasa, al punto de tener que buscar zonas elevadas para lograr comunicarse. También advirtió sobre la poca representación de veredas rurales en ese espacio de socialización: “¿Por qué no hay una vereda aquí?”, preguntó. Para ella y otros habitantes del campo, el actual modelo de participación en estos procesos es insuficiente.

Uno de los puntos cruciales fue la afectación que han vivido las unidades agrícolas familiares debido a la declaración de áreas de reserva ambiental. Montero alertó: “¿Cómo es posible que una unidad agrícola familiar la hayan tomado el 100 % para reserva, sin dejar ni siquiera el espacio para la casa o cultivar algo?”. La líder explicó que no se opone a la protección ambiental, pero insistió en que las decisiones sobre reservas y uso de la tierra deben considerar las realidades de las familias campesinas, en especial quienes volvieron tras el desplazamiento y hoy enfrentan más restricciones para producir.

Otro tema relevante es la presencia de títulos mineros junto a los ríos Caudal y El Diluvio, lo que inquieta a las comunidades y defensores ambientales, pues del agua “la tomamos todos”, como resaltó Montero. También, miembros del Consejo Territorial de Planeación pidieron que la participación ciudadana sea auténtica y no se convierta en simple trámite. Solicitaron seguimiento, mayor transparencia y participación de profesionales locales.

Desde el sector agrario, Armando Araujo Castro, arquitecto y pequeño agricultor, advirtió sobre la pérdida de tierra fértil por la urbanización desordenada: “¿De dónde nos vamos a alimentar?”, cuestionó al referirse a posibles proyectos de casas de campo en lotes grandes que compiten con la producción agrícola y ganadera.

Por su parte, la Administración Municipal, a través de Laura Garrido, jefa de la Oficina Asesora de Planeación, indicó que el proceso se encuentra en etapa de diagnóstico y contempla al menos 24 mesas de participación, también para comunidades rurales del norte y sur. El desafío radica en que el nuevo POT trascienda los mapas y las normas y recoja las problemáticas esenciales de conectividad, servicios, producción rural, protección ambiental y equidad en el desarrollo urbano y rural.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué reclaman las comunidades rurales sobre la revisión del POT de Valledupar?

Las comunidades rurales, representadas por voceras como Miriam Leonor Montero, reclaman mejor acceso a la información, verdadera participación en las decisiones que afectan el uso del suelo y la protección ambiental, y condiciones que les permitan sostener sus proyectos productivos. Cuestionan la socialización tardía y exigen que se consideren sus realidades en la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial.

¿Cómo afecta la declaración de áreas de reserva y los títulos mineros a los campesinos de Valledupar?

Según lo manifestado en la socialización, la declaración de áreas de reserva ha dejado sin tierras productivas a unidades agrícolas familiares, dificultando la subsistencia de las familias campesinas. Además, los títulos mineros en zonas cercanas a ríos despiertan preocupación por el impacto ambiental y por el acceso de las comunidades al agua, elemento vital para la vida rural.