Contratista hizo jugada para dejar sin computadores a un millón de estudiantes; fue sancionado

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Auditoría arrojó que 41.259 portátiles marca Compumax presentaron daños críticos. Entidad logró recuperar $ 4.500 millones de la póliza de cumplimiento.

Un grave caso de irregularidades contractuales y deficiencias tecnológicas sacude al programa estatal Computadores para Educar (CPE), recientemente rebautizado como Tecnologías para Aprender. Una auditoría exhaustiva liderada por la nueva dirección de la entidad sacó a la luz un desastre logístico derivado de un millonario contrato suscrito en el año 2022, el cual afectó potencialmente el aprendizaje de aproximadamente un millón de estudiantes en todo el territorio nacional.

El polémico contrato, por un valor de 45.000 millones de pesos, fue firmado con la firma Selcomp Ingeniería S. A. S. con el objetivo de distribuir 60.000 computadores portátiles de la marca Compumax en colegios oficiales del país. Sin embargo, la realidad en las aulas fue devastadora. 

Las inspecciones técnicas documentaron fallas masivas y críticas en 41.259 equipos. Los reportes de las instituciones educativas damnificadas señalaron de manera recurrente que los portátiles presentaban defectos que impedían por completo su uso pedagógico: 

• Equipos que no encendían o no arrancaban
• Bloqueos constantes del sistema.

Dispositivos estancados en la denominada “pantalla azul”, lo que bloqueaba el ingreso al sistema operativo.

Para la administración del programa, la deficiente calidad de los portátiles terminó por convertir estos recursos, destinados a cerrar la brecha digital de los sectores más vulnerables, en acumulaciones de chatarra informática.

El hallazgo más escandaloso dentro del expediente apunta a un presunto esquema de conflicto de intereses que permitió ocultar la dimensión del problema durante meses. Las autoridades descubrieron que Selcomp Ingeniería S. A. S., la misma empresa encargada de vender y suministrar los computadores defectuosos al Estado, manejaba bajo otro contrato paralelo la mesa de servicio que recibía los reclamos de los colegios.

Esta doble contratación estratégica posicionó a la firma en los dos extremos del canal. Al ser los proveedores de la tecnología y, al mismo tiempo, los responsables de tramitar los reportes de daños, contaron con el escenario idóneo para tapar las masivas alertas que enviaban los rectores y profesores de las escuelas del país

Ante la contundencia de las pruebas recolectadas, la dirección ejecutiva a cargo de Óscar Sánchez procedió a sancionar formalmente al contratista mediante la Resolución 120 del 19 de diciembre de 2025, declarando el incumplimiento total de la orden de compra.

La medida administrativa permitió hacer efectiva la póliza de amparo ante la aseguradora Seguros del Estado S. A., logrando recuperar 4.500 millones de pesos. Según las directivas de Tecnologías para Aprender, estos dineros se destinarán de manera exclusiva a la compra de nuevos equipos aptos para reparar los daños pedagógicos causados en las instituciones afectadas.

El caso ya fue puesto en conocimiento de la Contraloría General de la República, que mantiene una investigación fiscal abierta, mientras que el acervo probatorio completo fue remitido a la Fiscalía General de la Nación para que determine las responsabilidades penales de quienes permitieron que miles de millones de pesos públicos terminaran convertidos en basura digital.