Firmatón por una nueva Constitución: el movimiento social que reta la política en Colombia

El comité promotor de la Asamblea Nacional Constituyente, respaldado por sectores sociales y simpatizantes del presidente Gustavo Petro, informó que ha comenzado la búsqueda de firmas necesarias para impulsar la convocatoria de dicho mecanismo en Colombia. De acuerdo con declaraciones de Armando Warijú Valbuena, líder del comité, a Blu Radio, el objetivo inicial es recolectar al menos 2,3 millones de firmas, cifra exigida por la normativa vigente, aunque la meta propuesta se eleva a cinco millones. Estas firmas serán presentadas ante el Congreso de la República el próximo 20 de julio, en espera de cumplir con el proceso de verificación a cargo de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Para lograr esta ambiciosa meta, Warijú detalló que se ha habilitado una cuenta bancaria exclusiva destinada a recolectar donaciones que permitan cubrir los gastos operativos del proceso, tales como la impresión de formularios, adquisición de bolígrafos, distribución de material y demás costos logísticos relacionados. El comité enfatizó que el uso de estos recursos será monitoreado por la Registraduría Nacional y supervisado por el Consejo Nacional Electoral, con el fin de garantizar transparencia absoluta durante la campaña. Esta decisión se produce en medio de la amplia movilización que espera suscitar el proceso de recolección en los diferentes territorios del país.

En conversación con Blu Radio, Warijú subrayó que, aunque el presidente Petro manifiesta su respaldo a la idea, es un movimiento que surge de sectores sociales y no del Gobierno Nacional en sí mismo. Warijú recalcó la distinción, afirmando que “el ciudadano Gustavo Petro (…) está apoyando e impulsa la campaña”, lo que ha generado debate sobre el nivel de involucramiento de un mandatario en ejercicio en este tipo de actividades ciudadanas. El apoyo presidencial, junto con el compromiso de organizaciones sociales, pretende garantizar una campaña sólida y legítima en cuanto a su desarrollo.

La propuesta de constituyente no plantea la derogatoria de la Constitución de 1991, sino que su intención es “actualizarla” para atender temas que hoy reclaman mayor atención, según Warijú. Entre los asuntos a incorporar, se incluyen capítulos vinculados al cambio climático, la revolución digital, justicia, salud, educación, reforma agraria, descentralización, ordenamiento territorial, paz, así como la revisión de puntos del sistema político, económico y el funcionamiento del Banco de la República en tópicos como la compra de oro.

Warijú justificó el llamado a una Constituyente al considerar que el Congreso no ha desarrollado plenamente algunos mandatos centrales de la Carta Política de 1991 en sus 34 años de existencia, especialmente los relacionados con la descentralización del Estado. Añadió que el comité ha presentado ante la Registraduría un borrador inicial, reiterando que la recolección de firmas es la prioridad antes de establecer el texto final a debatir. Por su parte, la promoción de la cuenta de donaciones por parte del presidente Petro ha generado cuestionamientos, ya que algunos sectores observan con preocupación la irrupción de un mandatario vigente en el respaldo financiero de un proceso que podría redefinir la Carta Magna.

¿Qué pasos siguen después de la recolección de firmas para convocar una Asamblea Nacional Constituyente?

Esta pregunta cobra especial relevancia ante el movimiento social y la atención política y mediática que ha suscitado el proceso de recolección de firmas. Una vez reunidas las firmas y validadas por la Registraduría Nacional, se iniciaría una segunda fase centrada en el debate de fondo sobre el texto que modificaría la Constitución de 1991. El seguimiento a la transparencia, la representatividad y la legalidad del proceso será determinante para asegurar credibilidad y legitimidad, aspectos que la ciudadanía y los actores políticos están observando de cerca. La respuesta a este interrogante permitirá entender la ruta institucional que debe atravesarse tras la etapa inicial de recolección y verificación de apoyos ciudadanos.