Gobierno de Abelardo de la Espriella presenta proyecto para regular el derecho a la protesta en Colombia

El gobierno de Abelardo de la Espriella avanza con una propuesta que busca regular el derecho a la protesta en Colombia, poniendo sobre la mesa un proyecto detallado de 24 artículos que fue conocido en su totalidad por El Espectador. Este borrador, articulado desde el Ministerio del Interior liderado por Rodrigo Lara, pretende redefinir los procedimientos ante manifestaciones públicas, especialmente luego de que el mandatario anunciara un endurecimiento de las medidas en las universidades públicas, escenarios donde históricamente se han dado protestas significativas.

Uno de los pilares de la propuesta es la individualización de manifestantes que incurran en actos violentos o vandálicos. Según el texto, mientras se privilegia el diálogo y la mediación como primera respuesta, se aclara que esto sólo aplica a la protesta en su conjunto y no condiciona intervenciones contra individuos específicos que ejecuten actos de violencia. Así, la fuerza podrá ser empleada simultáneamente con el diálogo, retomando el canal de comunicación cuando cesen las acciones violentas, en aras de salvaguardar los derechos tanto de manifestantes pacíficos como de ciudadanos ajenos a la protesta, de acuerdo con lo señalado en el documento obtenido por El Espectador.

El acompañamiento de la Policía Nacional es otro de los puntos claves: el dispositivo policial estará situado a mínimo cuatro metros de los manifestantes, con el objetivo de asegurar el ejercicio pacífico del derecho a la protesta y proteger a participantes y terceros. Si en la manifestación se detecta porte o uso de armas o hay agresiones, la Policía estará facultada para intervenir conforme a sus funciones legales, siempre bajo el cumplimiento de los principios que rigen el uso de la fuerza.

De acuerdo con datos citados por el Ministerio del Interior, desde la expedición del decreto 003 de 2021 —que estableció lineamientos para la Fuerza Pública—, los eventos de protesta y conflicto manifiesto han aumentado: 1.427 casos en 2022, 2.046 en 2023, 3.832 en 2024 y 4.039 en 2025, según el Observatorio de Conflictividad Social de la Defensoría del Pueblo. El bloqueo de vías continúa siendo el método más frecuentemente usado (41% de los eventos), y las protestas por temas de salud se incrementaron en un 121% en el último año registrado. No obstante, el gobierno señala vacíos en los anteriores decretos, que no aclararon la continuidad de servicios básicos durante bloqueos ni especificaron autoridades responsables.

Ante este panorama, el presidente De la Espriella ha recalcado que la autonomía universitaria y el derecho a la protesta serán respetados, pero advirtió que se procederá contra quienes promuevan la violencia en estos espacios, afirmando que la Policía actuará con prontitud ante lo que califica como “terrorismo urbano”.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los principales cambios que propone el gobierno para regular la protesta en Colombia?

El proyecto del gobierno propone identificar y actuar contra manifestantes violentos, permitir el empleo de la fuerza incluso manteniendo el diálogo, establecer la presencia constante de la Policía Nacional a cuatro metros de las manifestaciones y permitir intervenciones inmediatas si se detecta violencia o armas. Además, busca aclarar la responsabilidad sobre la continuidad de servicios esenciales durante bloqueos, según la información publicada por El Espectador.

¿Qué establece el proyecto sobre el uso de la fuerza durante las protestas?

De acuerdo con el documento, el uso de la fuerza podrá aplicarse cuando se identifiquen actos de violencia como uso de armas, retención de personas o agresiones graves. La obligación de diálogo y mediación con manifestaciones pacíficas se mantiene, pero la intervención policial puede darse en paralelo para cesar conductas violentas, cumpliendo los principios que rigen el uso de la fuerza según las leyes colombianas.