Autoridades desarticulan red dedicada a extraer y vender ilegalmente municiones de las Fuerzas Militares en Colombia

La Fiscalía General de la Nación, junto con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la Policía Nacional y el Ejército Nacional, ha desarticulado una organización criminal señalada de extraer y comercializar ilegalmente municiones y otros elementos de uso exclusivo de la fuerza pública, según la información oficial. Esta red, según la investigación, operaba mediante maniobras que les permitían manipular los registros y controles establecidos para la custodia de estos materiales en distintas sedes militares de Colombia.

De acuerdo con la Fiscalía, las capturas se efectuaron en diferentes ciudades: Bogotá, Armenia (Quindío), Ibagué (Tolima), Florencia (Caquetá) y Villavicencio (Meta). Cinco personas, entre ellas tres suboficiales (uno en servicio activo y dos retirados) y dos civiles, fueron detenidas. Además, en la cárcel La Picota de Bogotá se notificó la vinculación a este proceso de alias Sargento García, quien ya cumple una condena por tráfico de armas y sería el presunto coordinador de la actividad ilícita desde el interior del centro carcelario.

La estructura criminal, de acuerdo con la investigación de la Fiscalía, habría contactado a funcionarios encargados de la administración de armamento en diferentes guarniciones militares. Presuntamente, estos empleados recibían dinero u otros beneficios para modificar registros, realizar legalizaciones fraudulentas y facilitar así la extracción de armas, municiones y componentes. Posteriormente, dichos elementos eran revendidos a varios grupos armados ilegales.

Se han documentado hechos delictivos específicos en el Cantón Militar Coronel Jaime Rooke de Ibagué y en el Batallón de Infantería Mecanizada No. 5 ‘General José María Córdova’ de Santa Marta. Por ejemplo, en Ibagué, un uniformado fue contactado en cuatro ocasiones, bajo la promesa de pago que oscilaba entre 4.000 y 6.000 pesos por cada cartucho entregado. En ese caso, la cantidad solicitada entre 2025 y 2026 superó las 4.000 unidades. En Santa Marta, un sargento viceprimero habría autorizado la salida de 22.126 cartuchos calibre 5.56 milímetros, valorados en más de 61 millones de pesos, el 11 de septiembre de 2025.

La Fiscalía presentará a los capturados ante un juez de control de garantías de Bogotá e imputará varios delitos, entre ellos concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido, peculado por apropiación y cohecho por dar u ofrecer. Entre lo incautado se encuentran ocho teléfonos celulares, un computador portátil, un router WiFi, documentos sobre armamento, dos vehículos y 6.880.000 pesos en efectivo, en el marco de la investigación que busca frenar la comercialización ilegal de este material.

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¿Cómo operaba la red criminal vinculada a la comercialización ilegal de municiones en Colombia?

La organización contactaba a funcionarios encargados de la administración de armas en guarniciones militares y les ofrecía dinero a cambio de que manipularan registros y facilitaran la extracción de materiales. Después, las municiones y componentes eran revendidos a grupos armados ilegales, según la información oficial de la Fiscalía General de la Nación.

¿Cuáles son los delitos que enfrentan los capturados en el caso de tráfico de armas y municiones?

De acuerdo con la Fiscalía, los detenidos serán imputados por concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido, peculado por apropiación y cohecho por dar u ofrecer, todos relacionados con la extracción y venta ilegal de armamento para beneficio de grupos armados ilegales en Colombia.