Colombia inicia 2026 bajo alerta: crecen los grupos armados y se agrava la crisis de violencia en el país

El inicio de 2026 encuentra a Colombia enfrentando una de las crisis de seguridad más preocupantes de las últimas décadas. Lejos de disminuir, la violencia y la presencia de grupos armados ilegales se han expandido en el país. De acuerdo con el último informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), la sumatoria de integrantes de las principales estructuras armadas—como las disidencias de las FARC, Comuneros del Sur, el Clan del Golfo, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN)—alcanza los 27.121 miembros, una cifra sin precedentes desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016. Este crecimiento representa un aumento del 23,5 % respecto a 2024, y en tan solo el segundo semestre de 2025, estas organizaciones incorporaron un 7 % más de personas a sus filas.

El fortalecimiento de los grupos armados no se limita a quienes portan armas; también involucra las redes de apoyo, que según el análisis de la FIP, han crecido un 27 %. Estas redes desempeñan un papel fundamental en el control social y vigilancia de los territorios bajo dominio armado. Paula Tobo, investigadora de la FIP, señala que múltiples factores explican este incremento, desde las deficiencias de las políticas de seguridad estatal y la adaptación de los grupos a estas dinámicas, hasta la forma en que se han abordado los ceses al fuego y las economías ilícitas.

El informe detalla el incremento sostenido en el número de integrantes de los principales grupos armados. El Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), es la estructura con mayor incremento: en 2025 sumó casi 2.300 miembros, un crecimiento del 30 % frente al año anterior. Le siguen las disidencias del Estado Mayor Central (EMC) bajo el mando de Iván Mordisco, con un aumento del 23 %, y otras disidencias como el EMBF, dirigidas por Calarcá Córdoba, que crecieron un 22 %. Otras organizaciones como el Comando Nacional del Ejército Bolivariano (CNEB) y la Segunda Marquetalia reportaron alzas del 25 % y 15 % respectivamente.

Lo más alarmante, según la FIP, es que ni la ofensiva militar, ni las negociaciones ni las ofertas individuales de sometimiento han reducido la capacidad de reclutamiento y reorganización de estos actores armados. Este fenómeno se sustenta en tres factores estructurales: la expansión y consolidación territorial, la presión provocada por disputas y ofensivas internas, y el uso de nuevos incentivos de reclutamiento como salarios, bonos y vacaciones.

La violencia no solo ha crecido en número, sino que también ha escalado en intensidad. En 2025, las disputas entre grupos armados alcanzaron el nivel más alto de la última década, con un aumento del 34 % en los enfrentamientos reportados, pasando de 86 a 115 casos, según la FIP. Esta ruptura de antiguos acuerdos de convivencia ha agravado la crisis humanitaria, generando desplazamientos masivos y confinamientos, afectando a más de un millón de personas y deteriorando aún más los indicadores de seguridad.

Adicionalmente, el informe subraya que muchas de las consecuencias de este fortalecimiento armado no se reflejan completamente en las estadísticas oficiales, como la pérdida de control estatal sobre vastas regiones y el subregistro de delitos como la extorsión y el reclutamiento forzoso. El inicio del 2026 deja a Colombia en una situación donde los grupos armados imponen su propia ley en más territorios y donde tanto acciones militares como esfuerzos de negociación muestran sus límites, mientras el país se pregunta cómo frenar esta tendencia.

¿Cuál ha sido el impacto de la expansión armada en la vida cotidiana de las comunidades?

El impacto de la expansión de los grupos armados en la vida diaria de las comunidades es profundo y se expresa en diferentes formas de control y violencia. Muchas familias han experimentado restricciones de movilidad, confinamiento forzado y una reducción drástica de su acceso a servicios básicos, como salud y educación, debido al miedo y la presencia constante de actores ilegales. Las autoridades estatales han perdido parte de su capacidad para proteger a la población civil y garantizar la gobernanza local en las zonas más afectadas, lo que empeora la situación humanitaria.

A este contexto se suma la presencia de un subregistro en la documentación de crímenes relacionados, como la extorsión y el reclutamiento forzado. La vida cotidiana en regiones en disputa o sometidas al control armado se ve marcada por la incertidumbre, la desconfianza y la vulneración de derechos fundamentales, reflejando cómo la escalada de la violencia afecta incluso lo más básico del tejido social colombiano.