Tensión en el CNE: polémica por la inscripción de Cepeda y Quintero sacude las consultas de marzo en Colombia

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia enfrenta una decisión crucial que podría definir el curso de las consultas interpartidistas previstas para el próximo 8 de marzo. Dos figuras políticas, Iván Cepeda y Daniel Quintero, esperan el veredicto para saber si podrán inscribirse en el tarjetón y participar junto a Roy Barreras, Camilo Romero y Juan Fernando Cristo. La incertidumbre radica en su anterior aparición en el tarjetón de la consulta realizada el 26 de octubre de 2025, lo que ha puesto en jaque su participación en la nueva contienda. La Registraduría, entidad encargada de la organización electoral, solicitó claridad al CNE y expresó su desaprobación hacia la inscripción de Quintero, argumentando que fue derrotado en la pasada consulta del Pacto Histórico y busca regresar respaldado por otro partido, el Aico.

Para examinar el caso, la Sala Plena del CNE designó a tres magistrados: Fabiola Márquez, Álvaro Echeverry y Alba Lucía Velásquez, todos con vínculos cercanos al petrismo, corriente política que sigue los lineamientos del actual presidente Gustavo Petro. Sin embargo, la ponencia que serviría de punto de partida para la discusión no fue radicada a tiempo, retrasando el inicio formal del debate. Mientras tanto, la tensión sigue creciendo, alimentada por declaraciones y acciones de los protagonistas.

En este contexto, Iván Cepeda y el presidente Petro han elevado el tono del debate público. Cepeda advirtió que, si se les niega la inscripción, se estarían vulnerando sus derechos políticos, llegando incluso a convocar a una manifestación de apoyo en Bogotá el 3 de febrero. Por su parte, el jefe de Estado calificó la situación como un inminente golpe contra las garantías democráticas y criticó la actuación del CNE en el pasado, aludiendo a la tardanza en su gestión para reconocer el derecho fundamental a fundar partidos políticos o asociaciones.

Petro también aprovechó el escenario para mencionar la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Según explicó, se están organizando para reunir firmas y legitimar este proceso, que buscaría renovar el Congreso y cuya discusión planea abrirse en julio, pasando eventualmente al gobierno entrante. El jefe de Estado llegó a calificar al CNE como “instrumento de la oposición”, sugiriendo que su decisión podría ser la más grave desde sucesos históricos como el fraude electoral del 19 de abril de 1970 y la incidencia del narcoparamilitarismo en la política nacional.

La controversia se agudizó aún más cuando se supo que Álvaro Echeverry, uno de los magistrados designados, fue recusado por Nicolás Farfán, exregistrador delegado en lo electoral. Dicha recusación se basa en declaraciones públicas de Roy Barreras, quien afirmó haber conversado con Echeverry para influir en la decisión a favor de Cepeda. Esta señal de posible parcialidad podría retrasar aún más el proceso, justo cuando el plazo para definir la composición de las consultas vence en breve.

El Espectador ha dado seguimiento a cada avance, subrayando el clima de polarización política y la participación activa tanto del gobierno como de sus opositores en este pulso institucional. Se espera que este lunes, durante una audiencia pública, las discusiones puedan alcanzar una salida, permitiendo claridad sobre las reglas del juego democrático a poco tiempo de la cita en las urnas.

¿Qué es el Consejo Nacional Electoral (CNE) y cuál es su función en los procesos políticos de Colombia?

Ante el creciente interés ciudadano en las consultas interpartidistas y las decisiones sobre la inscripción de candidatos, es relevante entender qué tipo de institución es el Consejo Nacional Electoral (CNE) y por qué su papel resulta central en la vida democrática del país. Según El Espectador, el CNE es la autoridad electoral encargada de la vigilancia y control de los procesos electorales, así como de la inscripción y habilitación de candidaturas.

Su objeto principal es garantizar que todas las reglas y normativas sean respetadas en la contienda, salvaguardando los derechos políticos y permitiendo la libre competencia entre partidos y movimientos. Este organismo, con capacidad sancionatoria y consultiva, se encuentra ahora bajo la atención pública, pues de su decisión dependerá el desarrollo libre, justo y transparente de una de las consultas más significativas para la configuración del próximo ciclo político en Colombia.