Magistrados absueltos: Archivan investigación por ausencia de jueza Vivian Polanía en Cúcuta

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial (CNDJ) decidió archivar la investigación que cursaba en contra de los magistrados del Tribunal Superior de Cúcuta, quienes habían sido señalados por presuntas omisiones frente a la ausencia de la jueza Primera Municipal de Control de Garantías de esa ciudad, Vivian Polanía. Esta investigación tuvo origen tras la compulsa de copias realizada por el Juez Segundo Municipal de Garantías. Según ese despacho, la ausencia injustificada de la jueza Polanía durante cuatro días no fue advertida por el Tribunal, lo que generó dudas sobre el seguimiento y el control institucional en el cumplimiento de funciones dentro de la rama judicial.

Sin embargo, durante el desarrollo del proceso disciplinario, se esclareció que la jueza Vivian Polanía tenía autorización para desempeñar sus funciones de manera remota en esos días. Ante la situación, el Tribunal Superior de Cúcuta solicitó activar de manera urgente el protocolo correspondiente con la Administradora de Riesgos Laborales (ARL), una entidad encargada de velar por la salud en el entorno laboral. Esta solicitud buscaba determinar el estado de salud de la funcionaria y tomar medidas como el cierre temporal del despacho y la reprogramación de las audiencias que se verían afectadas.

Posteriormente, se corroboró que la jueza Polanía estaba hospitalizada, lo que explicaba su ausencia laboral. Frente a este hecho, los magistrados solicitaron abstenerse de adelantar trámites administrativos, proponiendo esperar hasta tener claridad sobre si la jueza podía retornar a sus funciones o era preciso reasignar sus casos a otros juzgados durante su recuperación. Esta actuación fue uno de los elementos valorados en la revisión del caso.

El Tribunal Superior de Cúcuta también notificó tanto a la Fiscalía General como al Consejo Seccional de la Judicatura sobre la situación, y tomó decisiones en Sala Plena. Entre ellas, se incluyeron la exclusión temporal del despacho de Polanía del reparto de procesos, la activación de mecanismos de vigilancia administrativa y la implementación de acciones para garantizar la continuidad del servicio judicial y evitar su paralización.

Las conclusiones de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, en ponencia del magistrado Alfonso Cajiao, indicaron que el tribunal actuó dentro de los márgenes de la legalidad y la diligencia, desplegando todas las acciones disponibles para afrontar una contingencia ajena a su control directo. Según la CNDJ, el Tribunal Superior de Cúcuta cumplió así con la obligación de salvaguardar la continuidad de la administración de justicia y, a la vez, protegió los derechos de la jueza involucrada en el proceso.

De esta manera, el proceso disciplinario fue archivado y se reconoció que no existían motivos para atribuir a los magistrados responsabilidad alguna en la situación que motivó la investigación. Lo ocurrido demuestra la importancia de los protocolos existentes en el sistema judicial colombiano para afrontar inconvenientes imprevistos y evitar afectaciones mayores al funcionamiento del servicio judicial.

¿Qué acciones pueden tomar los tribunales cuando un juez se ausenta por motivos de salud?
La actuación de los tribunales ante la ausencia de un juez por motivos de salud es de gran relevancia, ya que implica la obligación de garantizar tanto la continuidad del servicio de justicia como la protección de los derechos del funcionario. De acuerdo con este caso, cuando se evidencia que la ausencia es justificada y respaldada, los tribunales pueden solicitar la activación de protocolos como el reporte ante la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) y promover el cierre temporal del despacho o la reasignación de audiencias a otros jueces. Esta gestión busca mantener el acceso a la justicia para los usuarios, a la vez que se respetan los derechos laborales y de salud del funcionario ausente. Además, deben comunicar a los órganos de control y adoptar medidas administrativas para prevenir la acumulación de procesos y la paralización de actividades en el juzgado correspondiente.