“Cesar recibe millonario auxilio para saldar deuda hospitalaria por atención a migrantes: ¿alivio definitivo?”

El departamento del Cesar, una de las regiones más afectadas por la crisis migratoria en Colombia, recibió una noticia de alivio financiero tras el anuncio de la gobernadora Elvia Milena Sanjuán sobre el ingreso de 44 mil millones de pesos para la atención sanitaria de la población migrante. El anuncio, realizado el 23 de diciembre, responde a una demanda históricamente insatisfecha de clínicas y hospitales, tanto públicos como privados, que han visto cómo sus deudas por atención a migrantes se acumulaban peligrosamente. Según declaraciones oficiales, estos recursos fueron gestionados en la capital del país por la Secretaría de Salud departamental, obteniendo el respaldo necesario del Ministerio de Salud para su desembolso.

La situación previa era crítica: informes señalan que, solo hasta septiembre de 2025, la atención a migrantes irregulares había generado una cartera vencida superior a los 36 mil millones de pesos. Esta cifra representa no solo una deuda financiera para los centros de salud, sino también un obstáculo creciente para garantizar servicios de calidad tanto a migrantes como a población local. El contexto de crisis se ejemplifica en escenas como la que vivió la gerente de la Clínica Santa Elena del Valle, Sandra Rincón, quien en una sesión de la Asamblea del Cesar advirtió sobre el impacto directo de estos pasivos en la capacidad de respuesta y la calidad del sistema hospitalario departamental.

En su declaración oficial, la gobernadora Sanjuán destacó el impacto inmediato del pago, refrendado por resolución ministerial, en el funcionamiento de la red hospitalaria del Cesar. Este nuevo recurso promete “oxigenar” las finanzas de Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) y hospitales que habían visto reducidos sus servicios debido a la escasez de liquidez. La secretaria de Salud, Georgina Sánchez, explicó que para acceder a estos fondos, el gobierno regional lleva a cabo un proceso estricto que incluye recepción de la facturación, auditoría de los servicios, validación y certificación ante el Ministerio de Salud, cumpliendo así con los estándares exigidos para el pago.

Sin embargo, expertos advierten que aunque el desembolso de 44 mil millones representa un avance significativo, este solo ataca una parte de la deuda histórica por atención a migrantes en el departamento. Tal como lo señaló la gerente Rincón, los costos derivados de esta atención han obligado a cerrar camas hospitalarias y generar retrasos salariales al personal, problemáticas ampliamente discutidas en la Asamblea Departamental del Cesar.

La administración regional afirma que continuará gestionando recursos para sostener la atención sanitaria y evitar el colapso del sistema. La meta es mantener el funcionamiento ininterrumpido en los 25 municipios cesarenses, especialmente tras el fuerte impacto emocional y financiero evidenciado en los recientes debates públicos.

¿Por qué la atención a población migrante representa un desafío para la salud pública departamental?

La atención médica a migrantes, especialmente aquellos en condición irregular, suele implicar gastos que no están contemplados dentro de las asignaciones regulares del sistema sanitario. De acuerdo a fuentes departamentales, atender a esta población demanda recursos adicionales significativos que, si no son cubiertos oportunamente, afectan la operatividad de hospitales y clínicas, generando sobrecarga y reducción en la calidad de los servicios para todos los habitantes.

Además, la migración masiva desafía la capacidad administrativa y financiera del sector salud local, que debe canalizar recursos, radicar facturación y someterse a rigurosos procesos de auditoría y certificación para acceder a los alivios económicos. Esto coloca a las autoridades sanitarias en una constante búsqueda y gestión de nuevos fondos para evitar el debilitamiento del sistema.