Gaviria acusa a Petro de “guerra sin cuartel” contra Antioquia y señala estigmatización empresarial

César Gaviria Trujillo, quien presidió Colombia entre 1990 y 1994 y es actualmente la cabeza visible del Partido Liberal, ha intensificado su enfrentamiento político con el presidente Gustavo Petro. Esta disputa se ha traducido en una denuncia pública sobre lo que define como una “guerra sin cuartel” contra Antioquia, acompañada del señalamiento de una ofensiva sistemática contra el tejido empresarial y la identidad cultural de esta región. De acuerdo con un documento divulgado en enero de 2026 y canalizado institucionalmente por el gobernador de Antioquia hacia el Ministerio de Justicia, Gaviria insta a que las autoridades nacionales atiendan lo que percibe como un ambiente de estigmatización hacia la región, fenómeno que vincula de manera directa con los discursos y políticas del actual Gobierno.

El exmandatario señala que el presidente Petro ha mantenido una retórica centrada en la llamada “lucha de clases”, con el objetivo —según Gaviria— de fomentar divisiones entre los sectores sociales y económicos del país. Esta postura habría incidido especialmente en Antioquia, reflejándose en cuestionamientos reiterados al financiamiento de los proyectos de infraestructura más representativos del departamento, como las autopistas de cuarta generación (4G). Gaviria interpreta tales críticas como mensajes dirigidos en particular al empresariado antioqueño y sostiene que este tipo de declaraciones distorsionan el papel de dicho sector, presentándolo ante la opinión pública como un grupo de privilegio.

Según el escrito, Petro habría sugerido que las inversiones en infraestructura terminan favoreciendo a los sectores de mayores ingresos de Medellín, mencionando específicamente la valorización de barrios como El Poblado y la ausencia de contribuciones equitativas. Además, Gaviria denuncia una narrativa en la que el presidente asocia componentes de la cultura antioqueña con la violencia y el narcotráfico, señalando la existencia de una “cultura del fascio” e identificando en las expresiones regionales elementos ligados a la criminalidad. Para el líder liberal, estas posturas estigmatizan injustamente a toda la región y exceden los límites del disenso político tradicional.

En su análisis, Gaviria destaca la relevancia histórica de Antioquia para el desarrollo económico nacional, subrayando el impulso a grandes obras de infraestructura y el papel central en sectores productivos como la minería, la agricultura y la industria textil. Según el exmandatario, estos factores justifican la necesidad de generar un ambiente de seguridad jurídica y estabilidad para la inversión, contrario al escenario de confrontación que él denuncia como consecuencia de la relación actual entre el Gobierno central y la región.

Este desencuentro no es nuevo, sino que se produce en un contexto de creciente deterioro entre el Partido Liberal y la administración de Petro. Desde 2024, Gaviria ha dado a conocer una serie de cartas en las que critica lo que califica como tendencias autoritarias del Ejecutivo, mostrando una preocupación constante por la defensa de la Constitución de 1991 y por la independencia institucional. Acusaciones de desconocimiento de fallos judiciales y de una erosión de las garantías democráticas reforzaron el distanciamiento, agravado por declaraciones que advierten sobre una posible “Constitución paralela” si el Gobierno avanzara en reformas que Gaviria interpreta como contrarias al consenso constitucional.

La respuesta del presidente Petro ha sido rechazar las acusaciones de inconstitucionalidad, defendiendo que sus reformas buscan fortalecer el Estado social de derecho. Petro incluso ha invertido el argumento al señalar que varios de los procesos de privatización ocurridos durante la presidencia de Gaviria —habilitados mediante artículos transitorios de la Constitución— habrían debilitado la estructura estatal y favorecido dinámicas sociales negativas. El trasfondo de la disputa revela un choque entre visiones opuestas sobre el modelo de desarrollo y el papel del empresariado, especialmente en una región tan simbólica y estratégica como Antioquia.

La reciente controversia también involucra la presencia de figuras de organizaciones armadas en escenarios públicos durante actos oficiales en Medellín, evento que Gaviria y otros actores regionales vieron como un atentado simbólico a la institucionalidad. El Gobierno nacional justifica estos encuentros en el marco de la búsqueda del diálogo para superar el conflicto, mientras que la oposición resalta el riesgo de enviar mensajes confusos a la ciudadanía sobre la legitimidad de dichos actores.

Frente a este panorama, la remisión de una carta por parte del gobernador de Antioquia al Ministerio de Justicia busca que este valore el impacto de los pronunciamientos presidenciales sobre la confianza de los agentes económicos, y reabre la discusión sobre los límites del discurso político cuando involucra regiones, sectores productivos y conjuntos sociales específicos. El desenlace de este enfrentamiento estará marcado por la capacidad del Gobierno y de los actores regionales para encontrar un equilibrio entre la crítica política y la necesidad de certidumbre para el desarrollo económico y social de Antioquia, una de las principales locomotoras de Colombia.

¿Cómo impacta la tensión política nacional en la inversión y el empleo regional?

La relevancia de esta pregunta radica en que uno de los principales argumentos de César Gaviria es la afectación que, según él, las recientes políticas y declaraciones del Gobierno nacional han causado en la confianza de inversionistas y empresarios de Antioquia. Si sectores empresariales perciben un entorno de incertidumbre jurídica o de estigmatización, pueden frenar o desviar sus inversiones, afectando directamente la creación de empleo y el dinamismo económico local.

En este sentido, el caso de Antioquia ilustra cómo las disputas políticas a nivel nacional pueden tener consecuencias concretas para el desarrollo de regiones clave. El debate sobre el modelo de desarrollo y el rol del empresariado no solo es una polémica entre dirigentes sino que tiene un impacto real sobre la vida económica y social, la generación de oportunidades y la estabilidad de amplios sectores de la población.