Fiscalía acusa a exviceministro de Defensa y otros funcionarios por presuntas irregularidades en contrato de helicópteros MI-17

La Fiscalía General de la Nación radicó el pasado 25 de agosto el escrito de acusación contra Luis Edmundo Suárez Soto, quien se desempeñaba como viceministro de Defensa, junto a otras personas señaladas de estar involucradas en irregularidades dentro de un contrato relacionado con el Ejército Nacional. Según información entregada por la Fiscalía, los hechos investigados se centran en la adjudicación del contrato 012 del 31 de diciembre de 2024, firmado entre el Ministerio de Defensa y una empresa estadounidense. Este acuerdo, con un valor de 32 millones de dólares, estaba destinado al mantenimiento y suministro de repuestos para los helicópteros MI-17, de origen ruso, pertenecientes a la Fuerza Pública.

El organismo investigador señaló que habrían existido varias irregularidades en el proceso de selección de la compañía dedicada al mantenimiento de las aeronaves. De acuerdo con la Fiscalía, existió una supuesta concertación entre particulares y funcionarios del Ministerio de Defensa. Se menciona a Carlos Martín Uribe Forero y al contratista James Lester Montgomerie, quienes, presuntamente, se aliaron con Suárez Soto —entonces viceministro de Estrategia y Planeación— para entregar el millonario contrato a la compañía extranjera, a pesar de que esta no contaba con la idoneidad, experiencia ni la capacidad técnica y financiera necesarias para llevar a cabo las tareas encomendadas.

La investigación también involucra la supuesta participación de antiguos altos funcionarios de la entidad, como el exsecretario general Hugo Alejandro Mora Tamaño, el exdirector de Logística de la Dirección de Contratación Estatal Herbert Arnulfo Buitrago Galán y el excomandante de la Brigada de Aviación Número 32 del Ejército Nacional, coronel Julián Ferney Rincón Ricaurte. Según la Fiscalía, estos funcionarios optaron por no realizar una convocatoria pública y, en cambio, recurrieron a la figura de contratación directa. El proceso incluyó la flexibilización de requisitos habilitantes y la extensión de los plazos para la entrega de cotizaciones, lo que habría beneficiado a la empresa escogida.

La investigación agrega que los funcionarios imputados permitieron entregar información técnica y financiera que no era real y modificaron las condiciones contractuales, permitiendo el giro anticipado de 16 millones de dólares en el primer corte de ejecución, lo que representaba el 50 % del monto total del contrato. Por estos hechos, la Dirección Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía acusó a seis personas, quienes deberán responder por delitos como falsedad ideológica en documento público, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, tráfico de influencias de servidor público, prevaricato por acción, abuso de función pública y fraude procesal.

¿Cuáles son los delitos imputados en el caso de los helicópteros MI-17 y qué significan?

De acuerdo con la Fiscalía, los delitos imputados incluyen falsedad ideológica en documento público, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, tráfico de influencias de servidor público, prevaricato por acción, abuso de función pública y fraude procesal. Cada uno corresponde a conductas consideradas graves en la administración pública, como manipulación de documentos, apropiación indebida de dineros públicos, y favorecimiento de intereses particulares en contratación estatal.

¿Qué irregularidades se encontraron en el contrato por el mantenimiento de los helicópteros MI-17 del Ejército Nacional?

Según la Fiscalía General de la Nación, se detectaron irregularidades como la adjudicación del contrato mediante contratación directa y la flexibilización de requisitos, lo que permitió la participación de una empresa que no cumplía con los estándares requeridos. Además, se modificó el esquema de pagos para desembolsar la mitad del valor total apenas inició el contrato, y se permitió la entrega de información falsa para favorecer a la compañía extranjera.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.